Ecuador: Asamblea aprueba ley minera y opositores preparan acciones legales

QUITO — En un contexto de fuerte oposición por parte de organizaciones indígenas, ambientalistas y sectores de la oposición, la Asamblea de Ecuador aprobó el jueves una ley impulsada por el oficialismo, que promete estimular la inversión en los sectores estratégicos de energía y minería.

La legislación fue respaldada con 77 votos y tiene como objetivo agilizar los trámites administrativos para la entrega de permisos y reducir costos. Se sustituye la licencia por una autorización ambiental, lo que se traduce en una mayor rapidez en los procesos de regulación, evitando así "inactividad prolongada" sin disminuir los "estándares de protección".

Entre las disposiciones de la nueva ley se incluyen la entrega de autorizaciones por fases, incentivos para actividades vinculadas a la inversión minera, procesos de formalización de la minería artesanal y un refuerzo de los controles para combatir la minería ilegal, entre otras medidas.

La ministra de Ambiente, Inés Manzano, celebró la aprobación de la ley en la red social X, afirmando que representa un "camino hacia la formalidad, la conservación y la potenciación de oportunidades" en los sectores mencionados. Sin embargo, desde diversos sectores de la oposición ya se anunciaron medidas para tratar de frenar su aplicación.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Marlon Vargas, expresó en declaraciones a la prensa que la nueva normativa "reduce la consulta previa a las comunidades indígenas, reemplaza licencias por autorizaciones simples y facilita concesiones de largo plazo" en beneficio de grandes empresas.

Vargas subrayó que el "extractivismo" que promueve la ley contamina las fuentes de agua y vulnera derechos colectivos y de la naturaleza. Por su parte, Yaku Pérez, dirigente indígena y excandidato presidencial, manifestó que esta legislación podría ser fatal para la biodiversidad del país. "Esto es firmar la partida de defunción a la mega biodiversidad que tenemos en Ecuador: las fuentes de agua, los bosques", enfatizó.

Pérez llamó a la población a protestar en las calles y a presentar acciones legales contra la ley, calificándola de "ecocida" y "regresiva en derechos". También la organización ambientalista Yasunidos anunció su intención de demandar la normativa por considerarla inconstitucional.

Durante el debate previo a la votación, legisladores del partido oficialista defendieron la iniciativa, argumentando que el sector minero ha generado ingresos por 450 millones de dólares anuales entre 2020 y 2024, lo que justifica la necesidad de favorecer la inversión en este ámbito. Desde el partido opositor Revolución Ciudadana, Verónica Íñiguez criticó la medida, afirmando que "acaban de regalar nuestros recursos naturales". La ley ahora deberá ser enviada al Ejecutivo para su pronunciamiento.

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