Comunidades en EE.UU. resisten la expansión de centros de detención de migrantes

La creciente preocupación por las redadas migratorias en Estados Unidos ha llevado a funcionarios estatales y locales a manifestar su rechazo a los planes del gobierno de Donald Trump para establecer centros de detención de inmigrantes en sus comunidades. Estas instalaciones, que incluyen almacenes reconvertidos y cárceles, tienen como objetivo albergar a miles de inmigrantes detenidos.

El gobierno federal ha estado evaluando distintas ciudades y condados en busca de lugares para estos centros, en el marco de una expansión de 45.000 millones de dólares financiada por la reciente ley de recortes de impuestos de Trump. La controversia se intensificó tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes de inmigración en Minneapolis, lo que ha aumentado el escrutinio sobre las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sus planes para nuevos centros de detención.

La propuesta de una instalación del ICE en el norte de Richmond, Virginia, generó una fuerte reacción de la comunidad, con cientos de personas asistiendo a una audiencia pública del Consejo de Supervisores del Condado de Hanover. Durante el encuentro, la residente Kimberly Matthews expresó su preocupación: "¿Quieren que lo que sucede en Minnesota ocurra en nuestro propio territorio? Si construyen ese centro de detención aquí, eso es exactamente lo que sucederá".

En respuesta a la posible construcción de un centro de detención del ICE, los funcionarios electos de Kansas City, Missouri, aprobaron rápidamente una ordenanza destinada a bloquearlo. Los alcaldes de Oklahoma City y Salt Lake City también manifestaron su preocupación y anunciaron que no permitirán la venta o alquiler de propiedades para la detención de inmigrantes.

Paralelamente, varias legislaturas estatales de tendencia demócrata han avanzado en proyectos de ley que buscan prohibir o desincentivar la creación de instalaciones del ICE. En Nuevo México, se está considerando una medida que prohíbe los acuerdos de los gobiernos locales con el ICE, mientras que en California se propone un impuesto del 50% sobre las ganancias de las empresas que gestionen estas instalaciones.

Desde que Trump asumió la presidencia, el número de inmigrantes detenidos por el ICE ha aumentado significativamente, alcanzando más de 75.000 a mediados de enero, en comparación con los 40.000 del año anterior. En poco más de un año, el número de centros de detención utilizados por el ICE se ha duplicado, alcanzando los 225 en 48 estados y territorios. Este crecimiento se ha logrado principalmente a través de contratos con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) y acuerdos para utilizar camas vacías en cárceles locales.

El ICE ha comenzado a abrir nuevas instalaciones a gran escala, invirtiendo millones en la compra de almacenes en Maryland, Pensilvania y Arizona. Sin embargo, muchos opositores a estos centros enfrentan limitaciones legales, ya que los gobiernos estatales y locales no pueden prohibir que empresas y propietarios privados utilicen sus propiedades para centros de detención.

En California, un tribunal federal invalidó una ley que prohibía centros privados de detención de inmigrantes, argumentando que infringía las facultades federales. De manera similar, un tribunal de apelaciones anuló una ley en Nueva Jersey que prohibía acuerdos para operar estos centros.

A pesar de la oposición, las comunidades locales continúan luchando para proteger sus territorios de la expansión del ICE. A medida que surgen nuevos planes, la tensión entre las autoridades federales y locales se intensifica, dejando en el aire el futuro de los centros de detención de inmigrantes en el país.

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