Cámara de Representantes de EE.UU. reautoriza programa de vigilancia por tres años

WASHINGTON — La Cámara de Representantes de Estados Unidos, bajo control republicano, aprobó la reautorización de un controvertido programa de vigilancia por un período de tres años, justo antes de que expire este viernes. A pesar de incluir nuevas medidas de supervisión, el proyecto no exigió la orden judicial que muchos críticos han solicitado.

Un significativo grupo de demócratas se unió a la mayoría republicana para aprobar el proyecto de ley con un resultado de 235 votos a favor y 191 en contra. Sin embargo, la prórroga aún debe ser ratificada por el Senado y contar con la firma del presidente Donald Trump, lo que plantea un futuro incierto.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, indicó que la cámara alta probablemente no aprobará rápidamente la versión de la Cámara, sugiriendo que será necesaria una extensión temporal antes de la fecha límite del viernes.

La aprobación en la Cámara representa un avance para los líderes republicanos, quienes habían luchado para obtener el apoyo necesario antes de la votación final. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, logró asegurar la cooperación de varios republicanos renuentes en el último momento. Previamente, el intento de extender el programa había fracasado en varias ocasiones.

Johnson defendió el programa, afirmando que "dos tercios del informe diario de seguridad nacional del presidente provienen de inteligencia recopilada por ese estatuto", añadiendo que "no podemos permitir que se apague".

Las órdenes judiciales siguen siendo el eje de la disputa

El debate gira en torno a una disposición de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que permite a agencias como la CIA, la NSA y el FBI recopilar y analizar comunicaciones de objetivos extranjeros sin necesidad de una orden judicial. Esto puede llevar a la recopilación incidental de datos de ciudadanos estadounidenses, lo que ha generado preocupación entre legisladores.

El representante republicano Chip Roy argumentó que se debería exigir una orden judicial, subrayando que "muchos estadounidenses murieron para proteger ese derecho a que el gobierno no esté mirando nuestras cosas, consagrado en la Cuarta Enmienda".

El proyecto de ley aprobado no incluye el requisito de una orden judicial, pero introduce nuevas medidas de supervisión, como revisiones mensuales de las libertades civiles de las consultas sobre ciudadanos estadounidenses, que serán realizadas por un funcionario de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Cualquier infracción será reportada al inspector general de la Comunidad de Inteligencia.

Además, se establecerán sanciones penales para funcionarios que hagan un uso indebido del sistema y se ordenará una auditoría gubernamental de las prácticas de selección de objetivos.

Los demócratas criticaron la extensión del programa, considerando que carece de salvaguardias adecuadas. Jamie Raskin, representante de Maryland, describió el proyecto como un "cheque en blanco por tres años" sin medidas significativas de protección.

Sin embargo, el representante Jim Himes, líder demócrata del Comité de Inteligencia, defendió la prórroga, considerándola como "sin duda, la herramienta de inteligencia extranjera más importante".

Hay obstáculos por delante en el Senado

Thune mencionó que el camino hacia la aprobación en el Senado es incierto, sugiriendo que una extensión a corto plazo podría ser necesaria mientras los legisladores trabajan en los detalles finales. Un obstáculo adicional es que los republicanos en la Cámara han vinculado la renovación del programa de vigilancia con una legislación que prohíbe la moneda digital de banco central, algo que podría complicar su aprobación en el Senado.

El senador Ron Wyden, defensor de la reforma de la FISA, calificó el acuerdo de la Cámara como "profundamente defectuoso", aunque no indicó si apoyaría una extensión. Thune también sugirió que una prórroga de 60 días podría ser un punto de partida.

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