California demanda al gobierno de Trump por uso de emergencia en oleoducto

California interpuso el lunes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, buscando bloquear lo que considera una inusitada apropiación de poder: la utilización de una autoridad de emergencia para reanudar las operaciones de un oleoducto en alta mar que ha estado cerrado durante más de diez años.

La acción legal, presentada en un tribunal federal de San Francisco, cuestiona una orden emitida el 13 de marzo por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a quien se le atribuye haber sobrepasado su autoridad bajo la Ley de Producción para la Defensa, un marco normativo de la era de la Guerra Fría.

"Aunque el presidente Trump insista en que hay una supuesta emergencia energética nacional, eso es simplemente falso", afirmó el fiscal general Rob Bonta en una conferencia de prensa. "El país ya produce significativamente más petróleo y gas de lo que consume; es una afirmación completamente fabricada, diseñada para agradar a la industria petrolera".

Este conflicto legal enfrenta al gobierno federal y a Sable Offshore Corp. contra las autoridades californianas y grupos ambientalistas, en un contexto de aumento de los precios del combustible debido a tensiones con Irán. La empresa, que adquirió el sistema de ExxonMobil en 2024, indicó a sus inversores que la producción podría incrementarse de aproximadamente 30,000 barriles equivalentes de petróleo por día a más de 50,000 si se reinician sus operaciones, distribuyendo crudo a refinerías en Los Ángeles, Bakersfield y el Área de la Bahía.

California sostiene que la ley de poderes de emergencia está diseñada para priorizar contratos durante situaciones de emergencia, no para anular legislaciones estatales ni obligar al reinicio de un oleoducto. El estado argumenta que el gobierno no ha cumplido con los requisitos esenciales de esta ley, que incluyen la demostración de una escasez real de energía.

La orden de Wright representa la intervención federal más contundente hasta el momento en esta prolongada disputa. Un dictamen legal del 3 de marzo del Departamento de Justicia de Estados Unidos había establecido que la orden de emergencia podría prevalecer sobre la legislación estatal, incluso anulando un decreto federal de consentimiento de 2020 que exige la aprobación del jefe de bomberos del estado de California antes de que el oleoducto pueda reanudar sus operaciones.

Expertos y grupos ambientalistas han advertido que forzar el reinicio de las operaciones del oleoducto no disminuiría los precios de la gasolina, pero sí podría amenazar a la fauna costera y establecer un preocupante precedente sobre la primacía federal sobre la legislación estatal. La administración de Trump ha buscado ampliar los arrendamientos petroleros en alta mar a lo largo de la Costa Oeste, lo que ha suscitado una fuerte oposición en California.

Sable enfrenta una creciente presión legal en varios frentes. En diciembre, la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos determinó que la infraestructura califica como un oleoducto interestatal y otorgó un permiso de emergencia que aprueba un plan de reinicio, medida que ha sido impugnada por grupos ambientalistas y el estado de California. Este caso se encuentra pendiente ante el Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito.

En febrero, un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Barbara ordenó que el oleoducto permaneciera cerrado, dictaminando que la intervención federal previa no fue suficiente para anular una orden judicial que exige que Sable obtenga aprobaciones estatales antes de reiniciar las operaciones del oleoducto.

Hasta el momento, representantes de Sable, del Departamento de Energía y del Departamento de Justicia de Estados Unidos no han respondido a las solicitudes de comentarios.

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