Aranceles de Trump: ¿una medida contra el trabajo forzoso o una estrategia para evitar al Congreso?

NUEVA YORK — La administración de Donald Trump ha implementado aranceles de dos dígitos que afectan a más de 60 países, basándose en una justificación legal que permite al presidente gravar importaciones y sancionar a naciones que supuestamente incurren en prácticas comerciales "injustificables", "no razonables" o "discriminatorias".

Los recientes aranceles, que entran en vigor tras la expiración de un gravamen temporal del 10% a nivel global, han suscitado críticas que sugieren que estas medidas no son tanto un esfuerzo por erradicar el trabajo forzoso como un intento de reemplazar aranceles anteriores. Este gravamen temporal había sido una respuesta a aranceles globales que la Corte Suprema invalidó en febrero.

Los nuevos aranceles se aplican a países que, según Estados Unidos, no cuentan con una prohibición de importación efectiva relacionada con el trabajo forzoso. Las naciones afectadas, que representan el 99% de las importaciones de Estados Unidos, han expresado su descontento, calificando las alegaciones de infundadas y arbitrarias, dado que países con diferentes antecedentes en la materia enfrentan el mismo nivel de gravamen. A pesar de haber dedicado cuatro meses a la investigación, Estados Unidos ha proporcionado escasos detalles sobre cómo se determinaron las tasas arancelarias, que son del 10% o del 12,5%.

Eludir al Congreso

Los aranceles fueron impuestos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a Estados Unidos actuar contra países que no cumplen con las normativas de importación por trabajo forzoso. Durante su primer mandato, Trump también utilizó esta sección para imponer aranceles a las importaciones chinas en el contexto de una disputa sobre prácticas comerciales agresivas por parte de Beijing.

Según Barry Appleton, profesor de derecho y codirector del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York, "las 301 permiten un arancel permanente sin necesidad de acudir al Congreso para resolver la disputa. De eso se trata todo esto". Esto sugiere que la administración está buscando alternativas para evitar el escrutinio legislativo.

Pocas pruebas de incumplimiento

La oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) ha indicado que consultó con las 60 economías bajo investigación, realizando audiencias públicas y recabando más de 2.100 comentarios. Sin embargo, no detalló las interacciones con otros países, alegando que eran confidenciales. Los expertos señalan que, aunque es sencillo determinar si un país tiene prohibiciones, es más complejo validar la justificación del gobierno para concluir que cada nación no las está cumpliendo.

"No hay mucha evidencia sólida. Es bastante risible, a primera vista, pensar que un país como los de Europa, o Noruega o Suiza, no está haciendo lo suficiente para vigilar el trabajo forzoso", comentó Scott Lincicome, vicepresidente del Instituto Cato.

Incluso si los países cumplen con las prohibiciones que Estados Unidos desea, aún tendrían que convencer a Washington de su efectividad antes de que se eliminen los aranceles, lo que indica que no habrá un alivio inmediato.

Países e industrias rechazan el argumento del trabajo forzoso

Varios países han desestimado las conclusiones del gobierno estadounidense. Brasil, por ejemplo, ha calificado su arancel del 12,5% como "arbitrario e injustificado", argumentando que Estados Unidos ha manipulado un asunto crítico de derechos humanos para acusar a 59 países y a la Unión Europea de prácticas desleales.

Asimismo, Australia ha cuestionado la justificación detrás de su propio arancel del 12,5%, afirmando que su compromiso con la lucha contra la esclavitud moderna es serio.

Las exenciones a ciertas industrias han causado descontento, como es el caso del Consejo Nacional de Organizaciones Textiles (NCTO), que se opone a un mecanismo que exime de aranceles a las importaciones de textiles de países como Bangladesh y Camboya. La directora ejecutiva del NCTO, Kim Glas, ha manifestado su preocupación de que estas exenciones perjudican a los fabricantes nacionales.

Las prohibiciones de EEUU sobre trabajo forzoso no siempre funcionan

Estados Unidos posee dos leyes clave relacionadas con las prohibiciones de importación por trabajo forzoso. La Ley Arancelaria de 1930 otorga a la Oficina de Aduanas la autoridad para incautar envíos sospechosos, aunque con excepciones si hay "demanda de consumo". Por otro lado, la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, aprobada en 2021, bloquea importaciones de la región china de Xinjiang a menos que se demuestre que no hay trabajo forzoso involucrado.

A pesar de estas legislaciones, los productos elaborados con trabajo forzoso pueden seguir ingresando a Estados Unidos. Investigaciones anteriores han demostrado la utilización de trabajo esclavo en diversas industrias que abastecen a grandes empresas.

Kenya Davis, socia del bufete Boies Schiller Flexner, ha subrayado que se requiere un enfoque más integral que ofrezca transparencia y asistencia a los países en la aplicación de las prohibiciones.

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