Abogados luchan contra política de CBP que afecta a menores migrantes

McALLEN, Texas, EE.UU. — Un grupo de defensores legales ha presentado el martes una solicitud judicial con el objetivo de frenar una política de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que presiona a menores migrantes no acompañados a optar por la autodeportación. Esta política fue introducida el año pasado y ha generado preocupación entre los abogados que representan a estos niños.

Según la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008, los agentes fronterizos deben enviar a los menores no acompañados a un albergue federal administrado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. En estos centros, los menores tienen acceso a representación legal, pueden comunicarse con sus familias y deben pasar por un proceso judicial antes de tomar decisiones sobre su futuro migratorio.

Sin embargo, la nueva política permite a la CBP presentar la opción de deportación voluntaria antes de que los menores sean trasladados a estos centros, práctica que comenzó en septiembre de 2025, de acuerdo con la demanda presentada. Si los menores no aceptan regresar voluntariamente, la política establece que pueden ser retenidos por períodos prolongados, y sus patrocinadores adultos en Estados Unidos podrían enfrentar arrestos y procedimientos legales.

Los abogados, que representan a menores de Guatemala, argumentan que esta política infringe una orden judicial que prohíbe la deportación de menores no acompañados sin un debido proceso ante un tribunal migratorio. En agosto, el gobierno intentó deportar a varios niños en un vuelo nocturno improvisado, lo que motivó la acción legal actual.

Además, los defensores legales solicitan al juez que amplíe la protección para incluir a niños de otros países, excluyendo solo a los de México y Canadá.

Las experiencias de algunos menores han sido alarmantes. Algunos relataron que fueron amenazados y coaccionados por agentes de la CBP para firmar documentos que no comprendían completamente, debido a barreras lingüísticas. Una menor mencionó que fue obligada a firmar papeles tras sufrir una lesión sin recibir atención médica.

La abogada Mishan Wroe, del National Center for Youth Law, destacó que estos menores no reciben las oportunidades que la ley federal garantiza. "Es coercitivo amenazar a los niños con una detención prolongada mientras están asustados, sin permitirles hablar con un abogado o con su familia antes de tomar decisiones críticas", expresó Wroe.

El funcionario de la CBP, Michael Julien, afirmó que la opción de deportación voluntaria se presenta verbalmente a algunos menores no acompañados, y no se documenta por escrito. Hasta ahora, los abogados han identificado 13 casos en el sur de Texas donde se ha aplicado esta política, pero creen que el número real podría ser mucho mayor.

"Esto les está ocurriendo a muchos más niños y los 13 mencionados son solo aquellos que lograron llegar a nosotros", comentó Kate Talmor, asesora del Institute for Constitutional Advocacy and Protection.

El gobierno federal tiene un plazo de dos semanas para presentar sus argumentos ante el tribunal. Posteriormente, el juez decidirá si intervendrá para detener la aplicación de esta política hacia los menores guatemaltecos y si extenderá la protección a otros menores de diferentes nacionalidades.

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