Ustedes saben que se supone que los gobiernos deben presentar un presupuesto para el año siguiente, delineando cómo planean gastar el dinero público. Sin embargo, parece que el año que viene se repetirá la misma historia que este año: la falta de un presupuesto claro y definido.
Esto se debe a que el presidente Javier Milei envió un proyecto de presupuesto que, debido a su escaso respaldo en el Congreso, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. La incertidumbre lo lleva a dudar de qué pasará con su propuesta y a temer que la oposición le imponga modificaciones indeseadas.
La oposición fue clara en su postura: no se puede gobernar sin un presupuesto. Sin embargo, este año se estima que la recaudación alcanzará 20 billones de pesos adicionales, lo que brinda al gobierno la oportunidad de decidir cómo utilizar esos recursos.
Pero la oposición, compuesta por kirchneristas y radicales, insiste en que Milei debe negociar en el Congreso, argumentando que un país razonable debe tener un presupuesto que cumpla con la ley. Tienen razón en parte, ya que la falta de un marco presupuestario claro puede abrir la puerta a decisiones arbitrarias y discrecionales.
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Uno de los problemas radica en la falta de compromiso de la oposición con el superávit fiscal. Milei manifestó su deseo de mantener la regla del déficit cero en el presupuesto, una medida que considera fundamental para frenar la inflación.
Sin embargo, la oposición ha demostrado su falta de interés en esta cuestión, como se evidenció al derogar la ley de movilidad jubilatoria y de presupuesto universitario, lo que pone en duda su compromiso con la estabilidad fiscal. Además, formaron el nuevo partido que denominamos el Frente Popular Inflacionario, que busca que el Estado no realice ajustes, trasladando la carga al sector privado.
Las contradicciones son evidentes. Los gobernadores de la UCR y del PRO, que se presentan como dialoguistas, exigen beneficios para sus provincias, mostrando que su interés no es el bienestar del país, sino el de sus territorios. Están dispuestos a negociar siempre que obtengan ventajas específicas, lo que contradice la necesidad de un trato equitativo para todas las provincias y, por ende, la estabilidad fiscal.
Es irónico observar que muchos de los que hoy critican la falta de un presupuesto fueron parte de gobiernos que también gobernaron sin uno. Por ejemplo, Sergio Massa, cuando era ministro de Economía, no presentó un presupuesto al Congreso. Su objetivo era tener las manos libres para actuar a su antojo. En la década de los 80, el radicalismo que proviene del alfonsinismo, del que hoy forman parte muchos de estos críticos, también gobernó sin presupuesto durante años debido al caos fiscal que imperaba en el país.
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Además, aquellos que lograron enviar sus presupuestos al Congreso lo hicieron en un contexto de dominio total sobre la Cámara, lo que les permitió aprobar lo que quisieran y obtener superpoderes que hoy no se le conceden a Milei.
En el pasado, el kirchnerismo, a pesar de la inflación, firmó decretos que le permitieron reconducir partidas de manera arbitraria, basándose en proyecciones de inflación que no reflejaban la realidad. Hoy, Milei enfrenta un escenario diferente, con una inflación en descenso y la posibilidad de que los recursos adicionales se reduzcan.
La pregunta que surge es si el Presidente realmente desea tener un presupuesto para el año 2025 o si prefiere repetir el del año anterior. Es evidente que le gustaría contar con un marco presupuestario que respete sus normas, como la regla del déficit cero y el ajuste de las jubilaciones. Sin embargo, el temor a que la oposición modifique lo que considera esencial lo lleva a la tentación de optar por la continuidad del presupuesto anterior.
Es comprensible que Milei quiera evitar sorpresas desagradables, pero esta situación plantea un dilema. ¿Es mejor arriesgarse a tener un presupuesto que pueda ser alterado o seguir con uno que ya no responde a las necesidades actuales? La respuesta no es sencilla y la falta de confianza en la oposición no facilita el panorama.
En este contexto, el desafío para el Gobierno es encontrar un equilibrio entre la necesidad de un presupuesto que garantice la estabilidad fiscal y la realidad política que enfrenta.
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