A renegociar convenios: entramos a un mundo desconocido

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Por Adrián Simioni

La reforma laboral empieza a mostrar su costado más disruptivo. No por una consigna general sobre “modernizar” el empleo, sino por una decisión concreta: obligar a sindicatos y cámaras empresarias a revisar convenios colectivos vencidos, muchos de ellos diseñados para un país productivo que ya no existe.

La Ley de Modernización Laboral estableció que, ante convenios vencidos, sólo seguirán vigentes por ultraactividad las cláusulas normativas: salarios, condiciones de trabajo y beneficios directos para el trabajador. Las cláusulas obligacionales, en cambio, sólo continuarán si hay acuerdo entre las partes. Allí está el corazón político del asunto.

Porque esas cláusulas obligacionales no son un tecnicismo menor. Incluyen aportes, contribuciones, cuotas, retenciones y fondos que financian estructuras sindicales y empresarias. El Decreto 407/2026 lo reglamentó expresamente y ordenó iniciar el procedimiento de convocatoria para renegociar convenios colectivos vencidos.

El Gobierno apunta, entonces, al lugar donde el viejo sistema más se resiste a moverse: la caja. No elimina la negociación colectiva, como denuncia una parte del sindicalismo. La cambia de cancha. Ya no se trata sólo de sentarse a discutir salarios bajo reglas conocidas, sino de revisar convenios envejecidos, actividades transformadas por la tecnología y representaciones empresarias muchas veces concentradas en Buenos Aires que terminaban definiendo condiciones para todo el país.

La reglamentación también exige que las cámaras empresarias acrediten una representación suficiente, no inferior al 10% de los trabajadores comprendidos en el ámbito que pretendan negociar. Es decir: no alcanza con que tres o cuatro empresas se arroguen la voz de todo un sector.

Ese punto es clave. Argentina tiene mercados laborales muy distintos según la región, la escala de las empresas y la productividad de cada actividad. No es lo mismo una pyme del interior que una gran firma del área metropolitana. No es lo mismo Córdoba, Mendoza, Jujuy o Buenos Aires. Sin embargo, durante décadas el sistema tendió a uniformar realidades que no eran uniformes.

La reacción sindical era previsible. Gerardo Martínez, dirigente de la Uocra y uno de los referentes más dialoguistas de la CGT, ya rechazó lo que llamó un “cepo salarial” y cuestionó la reforma ante la Organización Internacional del Trabajo. Pero el debate de fondo no es si habrá o no negociación. El debate real es si se seguirá negociando con las mismas reglas, los mismos actores, la misma centralización y los mismos incentivos de siempre.

Ahí aparece la tensión principal. Para los sindicatos, la reforma amenaza poder, recursos y capacidad de disciplinamiento. Para el Gobierno, es una forma de forzar una actualización que el sistema venía postergando. Para las empresas, puede ser una oportunidad, pero también una responsabilidad: ya no alcanzará con delegar todo en una cámara lejana y después quejarse por convenios imposibles de aplicar.

La pregunta es qué ocurrirá cuando empiecen a correr los plazos. Si no hay acuerdo, las cláusulas normativas seguirán protegidas, pero las obligacionales perderán vigencia salvo pacto expreso. En criollo: el salario y las condiciones laborales no caen automáticamente, pero sí quedan bajo presión los mecanismos de financiamiento y administración que rodeaban a muchos convenios.

Esa presión es deliberada. El Gobierno no está pidiendo amablemente que se sienten a conversar. Está diciendo: negocien, porque si no negocian, pierden. Y ese mensaje está dirigido tanto a sindicatos como a cámaras empresarias.

La Argentina corporativa nunca se sintió cómoda con este tipo de cambios. Durante años, buena parte del sistema laboral funcionó con convenios antiguos, empleo informal creciente y una enorme distancia entre la letra de las normas y la realidad de las empresas. Ahora se abre una etapa incómoda, conflictiva y probablemente judicializada.

Pero también inevitable. La discusión laboral no puede seguir atrapada en categorías de hace medio siglo, mientras la tecnología, las plataformas, la organización del trabajo y las economías regionales avanzan por otro carril.

El riesgo es que la reforma se convierta apenas en una pulseada de poder entre el Gobierno y la CGT. La oportunidad es que obligue a discutir algo más profundo: cómo se trabaja, cómo se paga, quién representa de verdad a cada sector y cómo se formaliza empleo en un país donde demasiadas personas quedaron fuera del sistema.

Lo que viene no será una simple paritaria. Será una pelea por el modelo laboral argentino. Y, esta vez, el punto de partida no está en el salario, sino en la estructura que durante décadas decidió cómo se negociaba el salario.

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