PASO por colectoras: un trueque que traiciona el espíritu de la Constitución

El Gobierno nacional negocia por estos días con los gobernadores un trueque electoral: eliminar las PASO —una norma que violenta la libertad y autonomía de los partidos políticos— a cambio de dictar otra de igual calaña, la habilitación de listas colectoras. No se requiere erudición jurídica para advertir que el canje desvirtúa el espíritu del artículo 38 de nuestra Constitución, que consagra a los partidos como instituciones fundamentales del sistema democrático y les garantiza organización y funcionamiento libres. Basta el sentido común.

Sentido común

El art. 38 de nuestra Constitución dice en sus primeros párrafos: "Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas". En otros artículos, nuestra ley superior explicita la periodicidad de los mandatos de los cargos electivos.

No se requiere una severa formación en la interpretación de las leyes para concluir que el espíritu de nuestra norma suprema pretende la existencia de partidos políticos de libre conformación, de la que se deriva la autonomía en cuanto a su organización y funcionamiento, y en cuyo seno debe librarse la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos, mediante métodos democráticos.

La existencia de más de un partido político y sus respectivos candidatos resulta esencial para que la ciudadanía pueda optar entre múltiples ofertas a la hora de ejercer mediante el voto el derecho a elegir a quienes ejercerán cargos públicos electivos. Por tal razón, los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

En diciembre de 2009 se sanciona la ley 26.571 mediante la cual se modifica la ley 23.298, conocida como la "Ley Orgánica de los Partidos Políticos", disponiendo (art. 18) que las elecciones primarias pasan a denominarse en adelante "elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias" (las comúnmente denominadas PASO), y estableciendo en el art. 19 la obligatoriedad de que las "agrupaciones políticas" (término que comprende a los partidos políticos) procedan a seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos en que se presentare una sola lista.

Tampoco se requiere erudición jurídica para concluir que las disposiciones de la ley 26.571 son un claro atropello a la libertad y autonomía de los partidos políticos, disponiendo la participación obligatoria de personas extrañas y hasta, por qué no, antagónicas, en la elección de sus candidatos para cargos electivos. Bien se puede sintetizar que la norma sancionada obliga a los ciudadanos a violar una disposición constitucional como lo es la libertad que debe imperar en la organización y funcionamiento de los partidos políticos. Tampoco tiene ninguna explicación lógica que se obligue a celebrar elecciones primarias a los partidos políticos que mediante sistemas democráticos hayan dispuesto la conformación de listas únicas de candidatos y que cumplen con todos los requisitos para participar en los actos eleccionarios principales.

Las torpezas señaladas desde el sentido común no solamente mantienen su vigencia, sino que, pese al tiempo transcurrido desde la sanción de la ley 26.571, no existen planteos ante la justicia por parte de los partidos políticos, "instituciones fundamentales del sistema democrático", que denuncien la intromisión en su libre organización y funcionamiento que significan las PASO. Los partidos políticos aceptan en general una norma que desdibuja su responsabilidad en una cuestión esencial para el funcionamiento del sistema democrático que les ha sido asignada por la Constitución, como lo es la competencia interna para la postulación de candidatos a cargos electivos.

Por otro lado, los amaños de nuestras dirigencias generaron sistemas llamados "ley de lemas" y "colectoras". El sistema llamado "ley de lemas" permite que el partido político renuncie a la competencia interna para la designación de candidatos a cargos electivos, concurriendo a la elección principal con múltiples listas bajo su mismo sello de identidad. Este sistema traslada la interna a todos los ciudadanos que integran el padrón electoral, asignando la victoria al candidato más votado entre todos los que participaron bajo el rótulo del partido más votado según la suma de todas sus listas.

Además de generar espectáculos vergonzosos de cuartos oscuros atestados de boletas, ha permitido en más de una ocasión el acceso al poder de candidatos que claramente no resultaron los más votados en el acto eleccionario. En la práctica es un sistema incompatible con el sistema de "boleta única". Por su parte, el sistema de "colectoras" admite que, acuerdos mediante, un mismo individuo participe como candidato a cargos públicos electivos superiores, en representación de múltiples agrupaciones políticas, permitiendo la suma de todas las listas en las que participa.

Ante un pretendido vacío textual normativo en nuestra ley básica que prohíba la participación de un mismo individuo como candidato de más de un partido político e impida que un partido multiplique sin límites su oferta de candidatos, se han montado sistemas que desvirtúan el espíritu de nuestra Constitución, tal cual es la existencia de ofertas al electorado de múltiples opciones libremente conformadas en el interior de los partidos políticos para participar en una libre competencia por los cargos públicos electivos.

Con sorpresa asistimos en estos días a una "negociación" entre autoridades nacionales y provinciales en la que se pretende la concurrencia de apoyos por parte de legisladores que representan "los intereses de los gobernadores", para eliminar una norma que violenta la libertad y autonomía de los partidos políticos y dictar una norma de igual calaña en lo relativo a la afectación de la claridad de identidad en las candidaturas que los partidos políticos deberían ofrecer a la ciudadanía. Lo único que explica semejante negociación es la conciliación de apetencias de poder que impulsan a la continuidad en cargos por la vía de la reelección o la permanencia de las agrupaciones encaramadas en el poder.

La pulsión personal por retener eternamente el poder está siempre presente y ha sido un fuerte motivador de modificaciones constitucionales y de rebuscadas interpretaciones de sus disposiciones. Parecería que los partidos políticos han renunciado a su rol de "instituciones fundamentales del sistema democrático" que la Constitución Nacional les ha asignado, y por ello, casi han perdido la razón de su existir y se han transformado mayoritariamente en sellos vacíos que sirven para conformar "agrupaciones" útiles para el acceso al poder mediante actos eleccionarios.

Es una lástima que el logro que representa haber adoptado la "boleta única de papel" como mejor instrumento para el ejercicio del voto se empañe con la inclusión de propuestas que claramente se apartan del espíritu de nuestra Constitución.

Para decirlo en modo "mundialista", asistimos a un cambio de figuritas que no deberían estar en el álbum. En vez de fortificar a las "instituciones fundamentales del sistema democrático", se continúa aportando a su debilitamiento.

La razonabilidad de las normas electorales, de funcionamiento y financiación de los partidos políticos es esencial para acceder al rango de "país previsible y confiable" que todos reclamamos, no solamente para la atracción de inversiones, sino para que nuestras vidas puedan resultar previsibles, sabiendo que los esfuerzos personales nos conducirán a los objetivos propuestos, sin ser defraudados por la continua inestabilidad de las reglas de juego.

Temas