Escándalos de corrupción: una constante de la política argentina

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   Cadena 3 Rosario

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Por Sergio Berensztein

Los casos de corrupción vuelven a instalarse en el centro de la escena política y reabren un debate que atraviesa a todos los gobiernos. Desde las denuncias que involucran a exfuncionarios hasta las investigaciones que alcanzan a actuales dirigentes, la discusión ya no pasa únicamente por los nombres propios, sino por un problema estructural que, según el análisis, la Argentina nunca logró enfrentar con políticas públicas sostenidas. La sucesión de episodios alimenta una sensación de repetición permanente y profundiza el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.

El primer punto que sobresale es la ausencia de mecanismos eficaces para prevenir la corrupción. Más allá de la existencia de leyes o de organismos creados con ese objetivo, como la Oficina Anticorrupción, nunca se consolidó una estrategia integral para desalentar estas prácticas. La experiencia demuestra que, cuando un problema no se aborda de manera sistemática, tiende a agravarse. Para el analista, esa falta de decisión explica por qué los escándalos aparecen una y otra vez, independientemente del signo político que gobierne.

Otro aspecto que pone en discusión es la idea de que un Estado más pequeño implica automáticamente menos corrupción. Esa fue una de las premisas planteadas por Javier Milei durante la campaña presidencial, pero la evidencia internacional muestra que no existe una relación directa entre el tamaño del gasto público y los niveles de corrupción. Existen países con Estados de gran dimensión y bajos índices de irregularidades, mientras que otros con estructuras mucho más reducidas registran graves problemas de transparencia. La diferencia, sostiene, radica en la existencia de controles efectivos, sanciones rápidas y reglas claras.

El tercer elemento apunta al funcionamiento de la Justicia. La demora en las investigaciones y la lentitud de las condenas terminan debilitando cualquier intento de combatir la corrupción. Causas emblemáticas demoraron décadas en llegar a juicio, mientras que otras permanecen estancadas en los tribunales. A ello se suma la sospecha recurrente de presiones políticas sobre jueces y fiscales, una práctica que, lejos de ser exclusiva de una administración, se repite desde hace años y alimenta la percepción de impunidad.

La conclusión es que la corrupción seguirá siendo una constante mientras el problema continúe siendo abordado únicamente desde el discurso político. Sin políticas anticorrupción consistentes, sin una Justicia que actúe con independencia y celeridad, y sin acuerdos institucionales para fortalecer los mecanismos de control, cada nuevo escándalo terminará reemplazando al anterior. El desafío, advierte el análisis, no pasa por señalar responsabilidades partidarias, sino por construir un sistema que haga más difícil la corrupción y más probable el castigo para quienes la cometan.

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