Militares desmantelaron operaciones de minería ilegal cerca de Johannesburgo

JOHANNESBURGO — Soldados de Sudáfrica han desmantelado operaciones ilegales de extracción de oro en comunidades cercanas a Johannesburgo, lo que ha llevado a muchos mineros ilegales a abandonar sus equipos. Este operativo es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para combatir la delincuencia en zonas críticas del país.

En colaboración con la policía, los militares han recuperado diversas herramientas utilizadas por los mineros ilegales, como generadores y máquinas perforadoras, evidenciadas en imágenes tomadas por un fotógrafo de la agencia.

Se desmantelaron también zanjas improvisadas que contenían provisiones de comida y utensilios pertenecientes a los mineros. Prendas de vestir quedaron abandonadas tras la fuga de los mineros en Randfontein, situada a unos 40 kilómetros al oeste de Johannesburgo.

Esta acción se enmarca dentro de la decisión del gobierno de desplegar tropas en algunas de las áreas más afectadas por la criminalidad, incluyendo la provincia de Cabo Occidental, que alberga a Ciudad del Cabo, y Gauteng, el centro económico del país.

Con la proliferación de pozos mineros abandonados en las afueras de Johannesburgo, la minería ilegal se ha vuelto un fenómeno generalizado, con grupos criminales armados y mineros informales, conocidos como "zama zamas", que ingresan a los pozos en busca de oro y otros minerales preciosos.

Extraer minerales sin la debida licencia gubernamental es ilegal y, en muchos casos, las condiciones de trabajo son extremadamente peligrosas. Otras provincias como Noroeste y Mpumalanga también han reportado altos niveles de minería ilegal, a veces con consecuencias fatales.

Se estima que alrededor de 30,000 mineros ilegales operan en Sudáfrica, utilizando algunos de los 6,000 pozos mineros que han quedado abandonados. El gobierno ha señalado un aumento alarmante en la minería ilegal, que se calcula genera pérdidas de más de 4,000 millones de dólares anuales solo en oro.

Se cree que el negocio está mayormente controlado por migrantes de países vecinos como Lesotho, Zimbabue y Mozambique, lo que ha intensificado el resentimiento en las comunidades sudafricanas hacia los líderes criminales y los extranjeros.

Durante una sesión con legisladores, el presidente Cyril Ramaphosa afirmó que el despliegue militar será complementado con el fortalecimiento de las unidades antipandillas y equipos de trabajo contra la minería ilegal. "La policía colaborará con la Autoridad Nacional de Procesamiento Penal para atacar el liderazgo, las finanzas y la logística de estas redes criminales", aseguró Ramaphosa.

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