Neonatal: el silencio no es salud
La respuesta del Estado provincial fue, en el mejor de los casos, insuficiente; en el peor, inexistente.
19/06/2025 | 13:34Redacción Cadena 3
El caso del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, que culminó con la condena a cadena perpetua de Brenda Agüero por el asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho, deja un sabor amargo que trasciende el horror del crimen. No solo por la tragedia en sí, que conmueve hasta los cimientos, sino por las preguntas sin respuesta y la opacidad que envuelve a las instituciones responsables.
Desde que se conoció la investigación, la cobertura periodística fue exhaustiva en los medios. Sin embargo, la respuesta del Estado provincial fue, en el mejor de los casos, insuficiente; en el peor, inexistente.
¿Dónde está la explicación oficial del Gobierno de Córdoba? ¿Por qué, en un hospital público, durante al menos tres meses —con muertes registradas el 8 de marzo, el 23 de abril y el 6 de junio de 2022—, nadie detectó una anomalía? ¿Cómo es posible que las autoridades no hayan sido las primeras en denunciar penalmente, ante la sospecha de que una empleada estaba causando estas tragedias?
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Por mayoría, los jurados encontraron culpable a la enfermera. El exministro de Salud fue exculpado sin unanimidad. También condenaron a Pablo Carvajal, Liliana Asís, Alejandro Escudero Salama, Marta Gómez y Luisa Moralez.
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La falta de acción plantea interrogantes inquietantes: ¿existe un sistema de silencio en el Ministerio de Salud? ¿Es el temor a juicios por mala praxis lo que paraliza las alertas? ¿O hay un criterio político que prioriza el encubrimiento sobre la transparencia? Las familias de los bebés fallecidos recibieron cuerpos sin explicaciones claras. ¿Por qué no se encendieron las alarmas tras la primera muerte? ¿Qué se hizo con las supuestas "explicaciones" iniciales?
El juicio, además, dejó en evidencia fisuras en el sistema judicial. Las declaraciones del fiscal Sergio Ruiz Moreno sobre el exministro Diego Cardozo, acusado de encubrimiento, son desconcertantes.
Ruiz Moreno destacó la "integridad" y "entrega" de Cardozo durante la pandemia, algo irrelevante para el caso, y recomendó una pena condicional. Un fiscal debe acusar, no alabar al imputado. Más aún, lo hizo ante un jurado popular, compuesto por ciudadanos sin formación jurídica especializada, lo que genera dudas sobre la claridad de los roles en el proceso. No cuestiono la condena a Agüero —la Justicia la halló culpable como asesina serial y debe cumplir su pena—, pero sí la forma en que se manejaron ciertos aspectos del juicio.
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Juan Manuel Rivero expresó a Cadena 3 su disconformidad con el fallo. Habló de falta de pruebas concluyentes. "Desconozco si hubo presión política", declaró.
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Otro detalle perturbador es la soledad que Cardozo denunció haber sentido desde el poder político. Sus palabras, al decir que fue "abandonado", parecen un grito que valida las sospechas de que hay más responsables no señalados.
El Poder Político de Córdoba, desde el Ejecutivo hasta la Legislatura, guardó un silencio cómplice. Nadie cuestionó al fiscal, nadie exigió cuentas claras. Y, lo más grave, nadie explicó cómo se garantizará que una tragedia así no vuelva a ocurrir.
Cinco asesinatos y ocho intentos de homicidio en un hospital público no son solo una alarma: son una sirena que debería haber sacudido al sistema entero. ¿Nadie sabía lo que debía saber? ¿O todos callaron lo que no querían decir?
La sensación de amargura persiste porque, más allá de la condena a Agüero, la verdad completa sigue en las sombras. Córdoba merece respuestas. Las familias merecen justicia. Y la sociedad, la certeza de que el Estado no volverá a fallarles.
