La Justicia rechazó planteó y habilitó la subasta del avión incautado

El juez Alejandro Negroni rechazó el planteo presentado por la defensa del financista Daniel Casanovas y habilitó a la provincia de Santa Fe a avanzar con la subasta del avión Cessna 402 A vinculado a la causa. De este modo, quedó firme el remate previsto para el próximo 16 de abril, con una base fijada en 50 millones de pesos.

La resolución judicial desestima el pedido formulado por el abogado Emiliano Díaz, quien actuó en representación de Casanovas y de la firma Cereales del Sur. La defensa sostenía que la aeronave no pertenecía directamente al imputado, sino a una empresa concursada, y que por lo tanto debía resguardarse como garantía para acreedores. Además, había advertido sobre la existencia de supuestas restricciones legales que impedirían su venta.

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Sin embargo, el magistrado dio luz verde a la postura del gobierno provincial, que desde hace semanas insiste en la necesidad de concretar la subasta para transformar el bien en dinero y avanzar en la reparación económica de las víctimas de las presuntas estafas.

El caso había sumado tensión en los últimos días, con posiciones enfrentadas entre la defensa y las autoridades provinciales. Desde la Secretaría de Gestión de Registros, encabezada por Matías Figueroa Escauriza, se había remarcado que en los registros públicos no figuraban impedimentos para la venta y que el objetivo central es que los activos recuperados se destinen a resarcir a los damnificados.

Además, el funcionario había advertido sobre el deterioro del avión con el paso del tiempo. Según explicó, la aeronave —tasada entre 100.000 y 200.000 dólares— pierde valor si no se utiliza, debido al vencimiento de sus piezas, lo que refuerza la urgencia de su venta. A esto se suman los costos que ya asumió el Estado para su recuperación y traslado, que rondan los 30 millones de pesos, además de los gastos mensuales de mantenimiento y guardado.

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El avión fue localizado tras tareas de inteligencia, luego de que se detectaran inconsistencias en la información sobre su paradero. Finalmente, fue hallado en la provincia de Entre Ríos en manos de un tercero que también habría sido víctima de estafas, y posteriormente trasladado a Santa Fe bajo custodia judicial.

Del lado de la defensa, los cuestionamientos no solo apuntaban a la titularidad del bien, sino también al momento procesal. Díaz había subrayado que la causa aún se encuentra en etapa preliminar y sin condena firme, por lo que —según su criterio— no correspondería avanzar con medidas que impliquen la disposición definitiva de activos. Incluso mencionó la posibilidad de futuras acciones legales contra el Estado en caso de que la situación judicial de su defendido cambie.

Asimismo, el abogado había señalado la existencia de negociaciones en curso para una eventual reparación económica a las víctimas, con propuestas que oscilarían entre los 3 y 4 millones de dólares, lo que —a su entender— podría verse afectado por la subasta del avión.

Pese a estos argumentos, la decisión del juez Negroni despeja el camino para el remate, que ahora se presenta como un paso clave dentro de la estrategia provincial para recuperar bienes en causas por delitos económicos. El resultado de la subasta no solo impactará en este expediente, sino que también podría sentar un precedente para el tratamiento de activos incautados en investigaciones similares dentro de la provincia.

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