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Funcionarios y policías de Santa Fe deberán pasar controles antidrogas

La provincia lanza un plan de controles para funcionarios y fuerzas, con testeos sorpresivos y periódicos desde el más alto nivel.  

22/05/2025 | 13:54Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Los test antidrogas serán obligatorios para políticos y policías.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través de la Directiva 12/2025 firmada por el ministro Pablo Cococcioni, anunció la puesta en marcha de un riguroso plan de pruebas de consumo de estupefacientes. La medida, oficializada el 21 de mayo, tiene como objetivo detectar el uso actual, reciente o habitual de drogas entre los integrantes del Ministerio y las Fuerzas de Seguridad.

Según la normativa, las pruebas serán llevadas a cabo por personal externo al Ministerio y se realizarán de manera no anunciada, comenzando por el personal político, incluido el propio ministro. Esta decisión apunta a garantizar la transparencia y la ejemplaridad desde los niveles más altos de la estructura estatal.

En el caso de las Fuerzas de Seguridad, los primeros en someterse a los controles serán los cuadros jerárquicos y de conducción. Posteriormente, la directiva establece que estas pruebas se incorporarán progresivamente como parte del examen de ingreso para cadetes o aspirantes, y también serán requisito obligatorio para acceder a ascensos dentro de la jerarquía.

La directiva también estipula que los controles podrán repetirse de forma periódica, aleatoria y sin previo aviso para el personal en funciones o perteneciente a la planta política. Con este enfoque, se busca sostener una vigilancia continua sobre el uso de sustancias prohibidas en ámbitos clave del Estado provincial.

Respecto a la confidencialidad de los resultados, se dispuso que sean entregados en sobre cerrado a distintas autoridades según el caso. Por ejemplo, los resultados del personal policial serán remitidos al Secretario de Seguridad Pública, mientras que los del ministro llegarán directamente al gobernador.

La directiva deja sin efecto cualquier disposición previa que se oponga a la nueva política y advierte que se considerará vetada cualquier práctica que la obstaculice, salvo contraorden expresa de una autoridad superior.

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