Caso Dalmasso: el jury a los 3 fiscales se encamina a una definición histórica

Por Víctor Rapetti

Se acerca el desenlace del jury iniciado el 21 de abril que debe determinar si corresponde la destitución de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los tres fiscales que investigaron en distintas etapas el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto, uno de los casos de mayor repercusión mediática en la historia judicial.

El eje del juicio político se centra, a 18 años del hecho, en la aparición del ADN de Roberto Marcos Bárzola, un empleado de un parquetista que trabajó en la vivienda de Villa Golf. La muestra genética fue obtenida cuando la causa ya había prescripto. 

Posteriormente intervino el fiscal Pablo Jávega, en el marco de una investigación ordenada por la Cámara del Crimen tras el juicio que concluyó en julio de 2022.

En esa instancia, junto con el pedido de absolución del viudo Marcelo Macarrón, el fiscal de Cámara, Julio Rivero, solicitó que el caso sea considerado como un hecho de violencia de género y pidió profundizar la investigación para determinar la identidad del perfil genético no identificado incorporado como prueba científica.

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Durante el jury, se revisaron múltiples aspectos del expediente, que cuenta con casi 50 cuerpos y más de 7.000 fojas. En la apertura de las audiencias se leyó la pieza acusatoria, donde se sostiene que "existe mérito suficiente para iniciar el presente juicio y proceder a la destitución" de los funcionarios investigados.

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Uno de los párrafos de la acusación destacó la actuación de Jávega y ubica al nuevo imputado en el centro de los cuestionamientos hacia los fiscales sometidos al jury.

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Los tres fiscales declararon al inicio del proceso y defendieron su actuación. Miralles y Pizarro sostuvieron sus respectivas hipótesis: el primero apuntó a Macarrón como autor material a partir de su huella genética en el arma homicida, mientras que el segundo argumentó que el viudo habría ordenado el crimen, hipótesis que finalmente fue descartada en el juicio.

Por su parte, Javier Di Santo, quien tuvo la causa durante nueve años, respondió preguntas sobre su desempeño y atravesó momentos de fuerte carga emocional durante su declaración. En su defensa, aseguró que es falso que Bárzola no haya sido investigado.

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La abogada de Di Santo, Luciana Caminal, recordó que en 2007 legisladores de Unión por Córdoba promovieron un jury por mal desempeño contra su defendido y otros fiscales, iniciativa que no prosperó. 

Además, en 2014 el juez de Control, Daniel Muñoz, archivó una denuncia por inacción presentada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En ese contexto, no se descarta que en los alegatos se invoque el principio de "non bis in idem", que impide juzgar dos veces por el mismo hecho.

Respecto de la figura de Bárzola, Miralles —quien intervino entre 2016 y 2017— dio su explicación sobre el tratamiento del sospechoso.

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A su turno, Pizarro, quien elevó la causa a juicio contra el viudo, sostuvo que descartó a Bárzola por la falta de trazabilidad de la prueba genética.

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El abogado defensor de Bárzola, Ramírez Rigo, asistió a una de las audiencias y expresó dudas sobre la forma en que se obtuvo la muestra de ADN de su cliente. Además, afirmó que el actual imputado fue investigado en profundidad.

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Antes de declarar, el fiscal Jávega defendió la legalidad de los procedimientos realizados en la obtención de pruebas.

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Las defensas de los fiscales sostienen que no existían elementos suficientes para avanzar contra el operario en los primeros momentos de la investigación ni para haberle extraído muestras biológicas en 2006 y 2007. 

Durante el juicio de 2022, Bárzola —hoy imputado por abuso sexual seguido de muerte— había declarado como testigo y relató lo que recordaba de su paso por la vivienda cuando tenía 27 años.

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A lo largo de las audiencias, también se destacaron testimonios de familiares y especialistas que aportaron distintas miradas sobre la investigación:

• El martes 21 de abril, Facundo Macarrón sostuvo que los fiscales "no tuvieron independencia judicial, social o política" y cuestionó que a Bárzola no se le haya tomado ADN en su momento. Además, mencionó la influencia social del denominado "perejilazo".

• El miércoles 22, Juan Dalmasso describió la investigación como "un descontrol desde el principio" y señaló presiones sobre el fiscal Di Santo, incluso atribuyendo temor a una eventual reacción social.

• El jueves 23, la titular del Centro de Genética Forense, Nidia Modesti, afirmó que la presencia de ADN en la escena del crimen no implica necesariamente autoría ni presencia en el momento del hecho.

• El viernes 24, Miguel Rohrer criticó al entorno de los Macarrón, al que responsabilizó por desviar la investigación y afectar el desarrollo del juicio.

• El lunes 27, el fiscal Julio Rivero consideró que nunca advirtió sospechas firmes sobre Bárzola durante su intervención y calificó su aparición como "un hallazgo casual".

El último testigo en declarar fue el fiscal Pablo Jávega, quien explicó que, junto a la División Investigaciones Operativas, elaboró una lista de decenas de personas para someterse voluntariamente a estudios genéticos comparativos. Defendió el procedimiento y rechazó que se tratara de una "excursión de pesca probatoria". Sin embargo, al ser consultado sobre si las primeras 28 personas hisopadas —entre ellas Bárzola— contaban con asistencia legal, respondió que no.

En paralelo, sectores críticos sostienen que el Jury podría ser extemporáneo, debido a que el Tribunal Superior de Justicia aún no se pronunció sobre la apelación vinculada a la prescripción dictada por la Cámara del Crimen de Segunda Nominación.

El proceso se encamina ahora hacia una instancia clave: este miércoles 6 de mayo se presentarán los alegatos de las partes y, dentro de las 24 horas posteriores, se espera el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento.

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