Pullaro calificó de "error" el aumento de retenciones al agro en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseveró que es un "error" que el Gobierno nacional no prorrogue el decreto que, desde principios de año, reduce de manera temporal los Derechos de Exportación (DEX) para los productos agropecuarios. Esta decisión implica que, a partir del próximo 1 de julio, se reestablezca el régimen anterior de retenciones para el sector agroindustrial.

Pullaro destacó que este enfoque no considera las realidades del interior productivo de la Argentina. En sus palabras, "todo lo que se genera en el campo debe permanecer en las localidades y ciudades rurales". Subrayó que los trabajadores del campo no trasladan sus ganancias al extranjero ni las invierten en criptomonedas, sino que reinvierten en tecnología y en la construcción de hogares en sus comunidades. El mandatario enfatizó su preocupación, advirtiendo que, si estas políticas no se revisan y las retensiones no se eliminan o se prorroga la actual medida, el Gobierno podría incurrir en un error grave.

Además, Pullaro dijo: "Necesitamos no solo que se mantenga el esquema de baja de retenciones, sino que es fundamental eliminarlas completamente. También es necesario establecer políticas que protejan a la industria. La apertura del país debe ser estratégica e inteligente, priorizando siempre la protección de los puestos laborales".

Certezas para el campo

En concordancia con estas ideas, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, solicitó seguridad para el sector agropecuario, argumentando que es crucial que se mantenga la reducción de las alícuotas de retenciones para incentivar las inversiones. Afirmó que si, tras el 30 de junio, se restablecen las retenciones, especialmente sobre la soja, los productores de Santa Fe podrían enfrentar una pérdida de 227 millones de dólares, considerando la cantidad de productos aún no comercializados de la campaña 2024/2025. Este monto representa una pérdida significativa que no se podrá recuperar, afectando proyectos de infraestructura clave, como arreglos en rutas y obras logísticas.

Puccini comentó que, en conjunto con el gobernador, han estado dialogando con los productores, quienes son los principales afectados por este polémico impuesto, expresando su inquietud por la falta de decisiones claras desde el Gobierno nacional. La incertidumbre genera retos a la hora de planificar y decidir sobre nuevas inversiones en maquinaria.

Además, mencionó que, durante el año 2024, los productores agropecuarios de Santa Fe aportaron más de 2.000 millones de dólares en concepto de retenciones al Estado nacional. Este impuesto no se coparticipa y no ha traído beneficios directos para el sector productivo, dado que esos fondos no han retornado en forma de obras o mejoras para los propios productores. Sobre el posible regreso a la antigua estructura de retenciones donde el poroto de soja tenía un 33% y la harina y el aceite supeditados a un 31%, Puccini advirtió que esto disminuiría drásticamente la capacidad de pago de la industria y las exportaciones, impactando negativamente en los precios del mercado.

Momento de dialogar

Por otra parte, Puccini destacó que en ocasiones anteriores existió una disposición al diálogo por parte del Gobierno nacional y apeló a que se reanude esta actitud. Recordó que, en la primera Ley Bases, cuando el Gobierno intentó implementar nuevas retenciones, lograron ser escuchados al presentar datos que demostraban el impacto desfavorable que ello tendría, y confían en que esta vez ocurra lo mismo.

Resaltó que la discusión sobre las retenciones refleja un problema mayor: la dependencia del Estado de estos ingresos durante dos décadas. Sugirió que un plan para reducir y eventualmente eliminar las retenciones debe contemplar tanto una reducción de los gastos como una estrategia para el crecimiento económico y desarrollo sostenible. No puede limitarse a un enfoque fiscal. Para concluir, Puccini expresó que los considerables recursos que se obtienen del campo no se destinan a expandir la capacidad productiva y exportadora del país a través de obras viales, ferroviarias o portuarias; tampoco se invierten en infraestructura social como agua potable, cloacas, telecomunicaciones, escuelas y hospitales en las áreas rurales que albergan a quienes generan esta riqueza.

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