Milei rechazó la asistencia financiera a Bahía Blanca con críticas al Congreso

El Gobierno llevó a cabo hoy el veto de una ley que proponía la creación de un fondo especial destinado a Bahía Blanca y Coronel Rosales, enfocado en la reconversión de dichas localidades bonaerenses, acompañado de duras críticas hacia la actuación de los diputados y senadores. En este sentido, enfatizó que en abril se había asistido con una suma de 200 mil millones de pesos a los damnificados por las inundaciones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó que “casi tres meses después (así es, casi tres meses después), la casta política intenta hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone a los recursos previamente transferidos. Por ello, el presidente Javier Milei decidió vetar la ley que duplicaba la asistencia ya prevista.” 

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La Cámara de Diputados había sancionado el pasado 4 de junio un proyecto que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales para establecer un fondo de 200 mil millones de pesos que ayudara a los ciudadanos tras las inundaciones del 7 de marzo.

Adorni aclaró que la decisión de veto a esta legislación se fundó en el hecho de que el “1° de abril, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional ya había proporcionado a Bahía Blanca 200.000 millones de pesos para asistir a las personas damnificadas”.

Asimismo, reseñó que también “se otorgó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, se lanzaron tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, se trasladaron nueve vuelos con insumos y medicamentos, se enviaron ambulancias y un hospital móvil y se movilizaron los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas”.

A través del decreto 424/2025, el Gobierno anuló la ley 27.790, que declaraba la emergencia en los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que establecía un fondo especial de $200.000 millones para ayudar a los damnificados, justificando que ya había enviado los recursos necesarios para la recuperación de esas localidades.

También argumentó que la ley no especificaba “la fuente de financiamiento para cubrir los gastos que se derivan del mismo, lo cual es un requerimiento esencial según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, que establece que las leyes que autoricen gastos no contemplados en el presupuesto general deben detallar las fuentes de los recursos que las financiarán”.

El Senado había aprobado el 7 de mayo un proyecto impulsado por los senadores de la oposición Juliana Di Tullio y Eduardo Wado de Pedro, junto con el radical Maximiliano Abad, que obtuvo el respaldo de 68 senadores, sobrepasando ampliamente los dos tercios necesarios en caso de que el Congreso deseara insistir en su sanción original.

Esa propuesta fue respaldada en diputados el 4 de junio con 153 votos a favor frente a 32 en contra de la LLA, consiguiendo también el apoyo necesario para pasar los dos tercios.

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