Galmarini cruzó a Adorni por mejora en Riachuelo: dijo que se hizo en su gestión

El Sistema Riachuelo, una obra emblemática para la mejora de la cuenca Matanza-Riachuelo, ya había sido completado, pero su puesta en marcha no se había concretado. Así lo expuso Malena Galmarini, expresidenta de AySA, en una reciente declaración sobre el anuncio del Gobierno nacional. 

El vocero presidencial presentó la activación del sistema como un logro del actual gobierno, aunque Galmarini aclaró que la finalización de la obra se produjo durante la gestión anterior.

La infraestructura, considerada sin precedentes en América Latina y financiada por el Banco Mundial, tenía como objetivo sanear la cuenca y mejorar las condiciones de vida de más de 4,5 millones de personas. La obra incluía un colector cloacal de más de 30 kilómetros, una planta de tratamiento de líquidos y un emisario subfluvial, todos completados durante su gestión. Solo faltaba el período de operación conjunta entre la constructora y AySA, que debía durar seis meses para verificar el correcto funcionamiento.

Galmarini indicó que este período de prueba debía concluir a mediados de 2024, pero la actual gestión había decidido no cumplir con los pagos a la empresa constructora, incumpliendo así con los compromisos establecidos. “Esa deuda, generada por el propio gobierno, es la causa real de la demora”, señaló. Aseguró que sólo ahora, ante la presión judicial por el incumplimiento de la Causa Mendoza, se había tomado la decisión de avanzar con la puesta en marcha del sistema.

La "Causa Mendoza", un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligaba al Estado nacional, a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires a llevar a cabo el saneamiento de la cuenca. El Sistema Riachuelo era crucial para cumplir con este fallo y no ejecutarlo a tiempo implicaba un incumplimiento legal grave. “Por eso hoy se activa lo que debería haberse completado hace más de un año”, agregó Galmarini.

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Durante este tiempo, el Gobierno había paralizado numerosos proyectos de agua y saneamiento en el área de concesión de AySA, obras que beneficiaban a miles de personas en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. “Muchas de esas obras eran necesarias no solo para esos distritos, sino también para ampliar la cobertura de zonas vecinas”, destacó. Galmarini enfatizó que la infraestructura hidráulica debía planificarse con criterios técnicos y no políticos.

La expresidenta de AySA también defendió su gestión frente a acusaciones de corrupción, afirmando que durante su mandato la empresa alcanzó altos estándares de transparencia. “Ocupó el primer puesto en el ranking de la Agencia de Acceso a la Información Pública”, afirmó. Además, mencionó que todas las auditorías, incluidas las realizadas por el actual gobierno, fueron aprobadas y que la información sobre obras y avances estaba disponible públicamente, aunque el sitio web fue dado de baja por la nueva gestión.

Galmarini rechazó las acusaciones de corrupción como maniobras distractivas, recordando que la justicia había dictado el sobreseimiento en las causas abiertas. “Esa misma Justicia, que el Gobierno nacional adula en otros temas”, apuntó. También destacó que lo fundamental era garantizar el acceso al agua y criticó el aumento tarifario que se había implementado sin las audiencias públicas necesarias, lo que dificultaba que los vecinos pudieran conectarse al servicio.

Además, subrayó que la política pública en agua y saneamiento no podía limitarse a la ejecución de caños, sino que debía incluir campañas de concientización sobre el uso del recurso hídrico. “El agua potable es un bien escaso, cuya potabilización requiere inversiones significativas”, explicó. La expresidenta de AySA advirtió que, en un contexto de negación del cambio climático, se había dejado de lado la educación pública sobre el cuidado del agua.

Galmarini también hizo hincapié en que cada dólar invertido en agua y saneamiento generaba un ahorro significativo para el Estado. “Ahorro, pero de verdad”, enfatizó, señalando que muchos argentinos habían dejado de percibir esto como posible debido a la crisis económica.

Por último, expresó su preocupación por lo que consideró un objetivo más profundo detrás del anuncio del gobierno: la privatización del servicio de agua y cloacas. “Desde hace meses, el gobierno viene ensayando discursos orientados a deslegitimar a AySA”, afirmó. Galmarini advirtió que privatizar la empresa significaría poner en riesgo el acceso universal al agua, transformando un derecho humano fundamental en un producto de mercado.

“No podemos permitirlo”, concluyó, recordando que el Sistema Riachuelo era un ejemplo de lo que el Estado podía lograr al planificar y ejecutar obras para el bienestar de la población. La decisión de retrasar su puesta en marcha fue calificada como irresponsable y peligrosa.

Ante la confusión y desinformación, Galmarini reafirmó que el Estado debía garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico. “La conferencia de prensa de hoy fue un show más de los voceros de la crueldad con el objetivo de dividir a los argentinos”, concluyó. “Lo importante va por otro lado: pensar en la reconstrucción de nuestras garantías constitucionales, legales y éticas”.

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