Casanello citó a Fabián López y 27 acusados por Odebrecht

El juez federal Sebastián Casanello citó hoy a indagatoria a 28 acusados por una de las causas del escándalo Odebrecht en la Argentina, donde se sospecha de pago de sobornos millonarios para acceder a obra pública, entre ellos a Fabián López, el ministro de Agua de Córdoba.

También figuran en la lista Carlos Ben, ex presidente de Aysa, y Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Se trata de la causa en la que se sospecha del pago de coimas por parte de la empresa brasileña para acceder a una obra de Aysa por la planta potalibilizadora de Paraná de las Palmas, en la localidad de Zárate.

Son las primeras indagatorias fijadas en una de las causas por el escándalo Odebrecht en Argentina y luego de que la propia firma reconociera el haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en acceder a obra pública.

Las licitaciones bajo sospecha son la de 2007 de la Planta del Bicentenario, en el partido bonaerense de Berazategui; así como la de Paraná de las Palmas, en Zárate, que se abrió los pliegos en 2008.

"Las contrataciones estuvieron previamente direccionadas, de modo que la sujeción a la regla de la licitación pública fue tan sólo una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados", sostuvo Casanello.

El magistrado agregó que "la ficción sobre el mejor precio y el estudio de los vaivenes atravesados por ambas obras exhibe la existencia de un millonario perjuicio económico al Estado traducido, entre otras cosas, en mayores costos como consecuencia de las irregularidades cometidas".

Sobre la obra de Paraná de las Palmas, se inició la licitación por un valor de 1.838.504.275 de pesos pero hasta el momento se pagaron 7.197.333.708 y hay facturas pendientes por 20.084.470; en tanto que la de Berazategui se inició con un presupuesto de 324.000.000 de pesos y finalmente se adjudicó por 814.030.605.

"Ahora bien, más allá de las dificultades en echar luz y acreditar ese esquema de sobornos, lo cierto es que el devenir de la investigación y los elementos de prueba colectados hasta hoy permiten realizar las convocatorias en orden a comportamientos que ya han podido ser reconstruidos y que en sí mismos tienen relevancia penal", dijo el juez.

Según el juez, los acusados son citados "en el marco de sus competencias propias contribuyeron al direccionamiento y a la generación de mayores costos para la Administración Pública en beneficio de los contratistas privados".

No sólo se refirió a los titulares de AySA, y a los privados, sino también a los ex presidentes de la Agencia de Planificación –APLA-, "dada su función de coordinar integralmente la planificación de las obras de expansión y mejoramiento del servicio".

Las indagatorias comienzan el 1 de noviembre próximo con Eduardo Miguel Blomberg: representante de Odebrecht, y finalizan el 14 de diciembre con Ben, ex titular de Aysa, y previamente su entonces segundo Raúl Biancuzzo, para el día anterior.

También fueron citados Raúl Batallán, Petronio Peres Cordeiro, Luís José Bartolomeu, Pedro Antonio Casiraghi, Conrado Alejandro Martín, Lucas Patricio Cesa, Aurelio Gomes Leo, Allan Nogueira de Abrantes, Miguel Fabián Cabanne, Sergio Gabriel Chividini, Diego Pugliesso, Sergio Gouvea Pinheiro, Roberto Fabián Rodríguez, José Juraszek Junior, Gustavo Dalla Tea, Rodney Rodrígues de Carvalho, Tito Biagini; el empresario constructor Aldo Benito Roggio, Julián Astolfoni, Wagner, Edgardo Bortolozzi, Fabián López, Carlos Di Somma, Antonio Caucino y Carlos Donolli.

A la par de las citaciones, el juez dispuso la inhibición general de bienes para todos los imputados, misma medida que había adoptado respecto al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, de quien se sospecha ofició de nexo entre los funcionarios y los directivos de Odebrecht y tuvo un papel clave en el pago de los sobornos.

"En uno y otro consorcio de empresas participaron firmas brasileras involucradas en mayor o menor medida en la conocida como Operación Lava Jato, una red de lavado de activos de origen delictivo y corrupción que tuvo su centro en la República Federativa de Brasil pero que trascendió las fronteras y proyectó sus efectos en otros países con miras a la obtención de importantes obras públicas, como es el caso argentino", se destacó en base al dictamen del fiscal Delgado, quien había solicitado las indagatorias.

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