La hipoteca de los intendentes

Adrián Simioni

La Calera es una ciudad del Gran Córdoba. Y está que arde. Hasta mayo la municipalidad tenía 247 empleados en planta permanente. Hoy, ya pasadas las elecciones, tiene 317. El intendente electo, Fernando Rambaldi, dice que le están dejando un clavo para cuando asuma: un 29% más de empleados. Lamentablemente, es cierto. El intendente saliente, Facundo Rufeil, dice que eso está dentro de sus facultades. Lamentablemente, también es cierto.

Las leyes están mal hechas. Le permite por ejemplo a Rufeil dejarle un clavo, una deuda no documentada al municipio superior a los 4 mil millones de pesos. Mínimo. Las cuentas son simples: los empleados de los municipios de todo el interior provincial cobraron en promedio un sueldo bruto de 225 mil pesos. Esa cantidad multiplicada por 12 sueldos y aguinaldos, por 70 empleados durante un promedio de trabajo de, supongamos, 20 años, da 4.000 millones. Se sumará a la mochila de los vecinos, que no deciden si se los contrata o no. Decide el intendente a su antojo. El mismo festival clientelar, de favores, de acomodo y militancia rentada de siempre.

El tema es muy delicado. En particular para provincias como Córdoba o Santa Fe, que tienen entre las dos la mitad de los municipios de todo el país. Los datos de empleo público de las dos provincias suenan muy bonitos (junto a los de Mendoza) cuando se los compara con los de imperios burocráticos como Formosa y otros clásicos. Pero en parte porque nadie presta atención a lo que está pasando en los 427 municipios y comunas cordobesas, donde hay muchos intendentes cuidadosos. Y muchos de los otros.

En su conjunto, la cosa todavía no se desmadró del todo. Hace 10 años todos los municipios del interior sumaban 26.800 empleados aportantes a la Caja de Jubilaciones. Hoy son 27.300. Han seguido más o menos el crecimiento de la población. Es el momento justo de hacer algo, de sacar una ley general, un pacto fiscal o algo así que les impida a los intendentes contratar al tuntún según sus necesidades partidarias.

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Las señales de clientelismo fulgurante están en todas partes. Primero, porque no paran de inventar nuevas modalidades que no son empleos permanentes ni contratos pero que ya están dando lugar a exigencias de pases a planta. Basta ver lo que pasa con los miles de chalecos, becarios y monotributistas que Llaryora metió en la Municipalidad de Córdoba.

Segundo, porque hay municipios que no siguen el promedio moderado que hemos visto. Unos ejemplos al voleo que surgen de los aportantes a la Caja de Jubilaciones: en el primer semestre del año los empleados de la Municipalidad de Río Cuarto pasaron de 1.431 a 1.629. El intendente saliente, Juan Manuel Llamosas, les clavó a los riocuartenses un 14% más de empleados sin pestañear. A pagar.

En San Carlos Minas en el primer semestre los empleados con aporte saltaron de 69 a 86, 25% de aumento. No sólo pasa en el norte más humilde. En el sur agroindustrial y productivo el negocio de meter gente en el municipio también florece. En La Carlota, en este semestre, los empleados con aporte a la Caja pasaron de 155 a 195. Marche un cuarto de empleados más. Otra hipoteca.

Todavía no somos Formosa. Pero estamos al borde de empezar a gildoinsfransearnos si no empezamos a limitar el capricho de los intendentes. Es una linda tarea para el peronismo cordobés y para Juntos por el Cambio, que van a controlar por partes iguales la Legislatura. A ver si aprovechan y sacan una ley por consenso antes de que esto se llene de hipotecas como la de La Calera.