El país de los paros activos

Adrián Simioni

En el país más extravagante del mundo están de moda los paros activos. Hay dos tipos: los declarados y los no declarados.

Los declarados son rarísimos, muy distintos a los del resto del mundo. Porque no los convocan los empleados sino los empleados. Es el caso del insólito ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, un cuasifascista al que le parece re normal arrear a empleados del Estado para hacerlos hacer campaña electoral para un partido político. Los otros días interrumpió a gente que estaba trabajando haciendo rutas –todo a costa del Estado- para bajarles línea en “asambleas” y decirles que tienen que votar a Sergio Massa. Dicen que justo pasó Benito Mussolini por el lugar y que le pareció excesivo.

Ningún fiscal actuó de oficio para acusarlo de violar deberes de funcionario público ni de apropiarse de recursos estatales (el reloj de las horas trabajadas siguió haciendo tic-tac mientras los oficinistas y los obreros de la construcción no hacían su trabajo. Debe ser por eso que Katopodis ha vuelto a convocar a un paro activo. Esta vez el ministro, nada menos que un ministro de la Nación, instó a los empleados estatales a dejar de trabajar para participar de una asamblea en una esquina del pleno microcentro porteño, previsiblemente con interrupción del tránsito incluida, porque allí los ñoquis son muchísimos.

Ahora, hay otro paro activo tal vez peor, el no declarado. Es el paro activo que están llevando adelante todos los legisladores de la Provincia de Buenos Aires. Ninguno de los 138 diputados y senadores de esa provincia tuvo tiempo en las últimas dos semanas para decir una sola palabra sobre la detención con las manos en la masa de Julio Chocolate Rigau cuando extraía los sueldos de 49 falsos empleados a las que la Legislatura contrata pero sólo para prometerles obra social ahora y jubilación en el futuro. Mientras, los millones de los sueldos son para financiar a Rigau y sus jefes.

No sólo eso: dos jueces camaristas (uno nombrado por Felipe Solá y otro por Kicillof) declararon nula en tiempo récord la detención de Rigau y ordenaron devolverle la plata. Obviamente lo hicieron para preservar a toda la corporación política corrupta de la legislatura bonaerense que es, a la vez, la que los selecciona a ellos.

Los únicos que hoy hicieron una denuncia fueron el radical Ricardo López Murphy y los políticos del PRO Javier Iguacel y María Eugenia Talerico. Ninguno de los tres pasó jamás por la legislatura bonaerense, que es la que está hasta las manos con este caso de corrupción y, a la vez, la que tiene la comisión de enjuiciamiento donde tienen que procesarse los juicios a los malos jueces. Los radicales bonaerenses también guardan un vergonzoso silencio. Es que hace años que esa corpo, tal vez lo peor del radicalismo, acepta con gusto ser furgón de cola del peor peronismo a cambio de participar de todos los negocios que se pueden hacer en la Legislatura y otros antros bonaerenses. Por eso, ellos también, están todos de paro activo. Ni uno dijo una sola palabra en dos semanas.