Mujica autorizó aumentar la producción de la planta UPM

Las relaciones entre la Argentina y Uruguay volvieron a quebrarse luego de que el presidente José Mujica autorizara a la papelera UPM a aumentar su

producción, por lo que la Casa Rosada respondió con denuncias de contaminación y volverá a llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

"Me siento federal y artiguista pero estoy en Uruguay y debo cuidar el trabajo de los uruguayos, en la cadena forestal. Nosotros más que nadie somos conscientes de que debemos cuidar el medio ambiente, pero también de que tenemos que cuidarlo trabajando", señaló Mujica en una conferencia de prensa.

De esta manera, el mandatario confirmó que UPM podrá aumentar su producción de 1,1 millón de toneladas a 1,2 millón de toneladas anuales de pasta de celulosa, es decir 100 mil toneladas menos de lo que había solicitado la compañía finlandesa.

El mandatario, no obstante, aclaró que esta medida tendrá como condiciones la construcción de una torre de enfriamiento para los efluentes que arrojan al río Uruguay, compartido por ambas naciones, a menos de 30 grados y la exigencia a la empresa para que baje la cantidad de fósforo que también descargan en el río.

Dijo que se quedó "sin espacio para negociar con la Argentina", que es una decisión "dolorosa", pero remarcó la "relación histórica" que han tenido ambos países y dijo que la medida no cambia su "cariño" por el pueblo argentino.

"Nosotros tenemos un desafío parecido al que tuvo la República Argentina cuando apeló a explotar los yacimientos potenciales que tiene en Vaca Muerta", refirió Mujica, al recordar que el gobierno de Cristina Kirchner tuvo que recurrir a Chevron para que colabore con YPF.

Y comparó: "Naturalmente, estas empresas (extranjeras) tienen sus prerrogativas; seguramente la Argentina por sí sola no podía. Nosotros tampoco podemos llevar adelante, solamente con nuestros recursos, estas cuestiones".

En una poco habitual rueda de prensa en su despacho, en la que no admitió preguntas y por momentos consultó apuntes escritos a mano, Mujica calificó a su decisión de "francamente inoportuna desde el punto de vista político, fundamentalmente para Argentina", porque "está inmersa en un proceso electoral de corto plazo" y agregó: "Naturalmente el clima político cuando existen elecciones no es el más adecuado como para tener razonabilidad".

Tras estas declaraciones, el canciller Héctor Timerman ofreció una conferencia de prensa en la Casa Rosada junto con el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en la que dio cifras de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre la contaminación de UPM al río Uruguay y anunció que la Argentina volverá a recurrir a la Corte de La Haya, principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas.

"Hoy, habiendo Uruguay roto el diálogo unilateralmente, la Argentina se encuentra liberada de la obligación de anunciar conjuntamente los informes científicos" sobre el nivel de contaminación del río Uruguay provocado por UPM, señaló Timerman, que detalló a continuación destacando los niveles de fósforo y la temperatura de los efluentes arrojados, así como la presencia de pesticidas.

Al respecto, Timerman dijo que los efluentes que la planta de celulosa vuelva al río "tienen una temperatura más elevada de la permitida" (32 grados) y que "hay más cantidad de fósforo, pesticidas, cromo y fenoles (compuestos orgánicos) en los efluentes" que lo autorizado, lo que equivale a la contaminación que produce una ciudad de muchos miles de habitantes.

"De la misma forma que nos hemos propuesto accionar respecto de los fondos buitres, impediremos ser doblegados por una empresa transnacional, y destacamos el esfuerzo de Cristina Fernández de Kirchner para Lograr el levantamiento del corte del acceso" entre Argentina y Uruguay, subrayó el ministro.

La Argentina ya había llevado el caso a La Haya por la presunta violación del Tratado del Río Uruguay, y el tribunal rechazó en 2010 su demanda de relocalizar la fábrica, afirmando que no había pruebas de que contaminara, pero ordenó que ambos países controlaran el impacto ambiental a través de la CARU, un organismo bilateral sobre cuyo análisis deben pasar todas las decisiones sobre la producción de pasta de celulosa de UPM.

En tanto, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú recibió con fuerte malestar la autorización del presidente Mujica y dio comienzo a un nuevo proceso de debate sobre nuevas medidas de fuerza, luego de haber cortado durante tres años y medio el puente internacional General San Martín, desde el 20 de noviembre de 2006 hasta el 19 de junio de 2010, como consecuencia de la instalación de esa fábrica, que inicialmente se llamó Botnia.

"Hay un hartazgo por el manoseo de las decisiones consentidas. La comunidad de Gualeguaychú ya no confía más en nadie, no cree en más nada. Son diez años de protestas y de promesas incumplidas. Si no tenemos respuestas ni hechos concretos, vamos a terminar arriba de la ruta. Pero ojalá tomen conciencia y den una respuesta a la gente y soluciones al problema", dijo a Noticias Argentinas el asambleísta Jorge Fritzler.