Celulares, órdenes y hechos que anticipan días agitados en Santa Fe

Por Hernán Funes

La aparición de la voz o la mención a órdenes de funcionarios del más alto nivel del Gobierno de Santa Fe abren otro capítulo en el avance de la compleja investigación por el presunto espionaje o recopilación ilegal de datos, que se aceleró desde que a mediados de junio llegaron desde la empresa Cellebrite en Brasil el contenido de los teléfonos secuestrados en los allanamientos en el Ministerio de Seguridad.

En cientos de audios, mensajes y grupos de WhatsApp, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez (Delitos Complejos - MPA) disponen de más evidencia que confirma las declaraciones y otros elementos sobre investigaciones a dedo y sin control judicial de empresarios o dirigentes del propio Gobierno o de la oposición para fines "no institucionales" como podría ser la destrucción de su reputación o el disciplinamiento.

Si bien asoma el entonces titular de Seguridad Marcelo Sain desde la conducción del Ministerio primero y del Organismo después, lo relevante y novedoso en el contenido es la mención como interesados o directamente la voz de secretarios o dirigentes cercanos al gobernador Omar Perotti.

Todos las menciones de esta nota son contenidos a los que accedió Cadena 3 Rosario de pericias judicializadas sobre teléfonos secuestrados en la requisa al Ministerio de Seguridad del 26 de noviembre de 2021, cuando el equipo de Sain -que ya había renunciado a Seguridad y lo habían destituido del Organismo- dejaba en medio de fuertes disputas la función que compartían con el sucesor Jorge Lagna. A la orden la dieron los fiscales que ya estaban tras los pasos de las presuntas investigaciones ilegales.

La ratificación

"A ver, querido, hay cosas que se pueden manejar y otras que no. La mina viene complicada por filtraje", admite en un audio de interés para la causa ni más ni menos que el Secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.

Fue tras la suspensión de la jefa de Inteligencia Sur de la "policía judicial" , Débora Cotichini, por filtrar información de una causa y un carpetazo a una ex secretaria del socialismo que se usó en medios de Buenos Aires. Sain y Somaglia cruzaron audios y, si bien sus teléfonos no fueron secuestrados ni abiertos, sí fue reenviado el contenido. Queda expuesto que Somaglia activó un operativo de control de daños internos.

Esto podría ratificar la sospecha central de la causa penal: que con los recursos del Estado, entre ellos la Policía y sus analistas, en el Poder Ejecutivo pusieron primero el nombre de los culpables -críticos o detractores- y para buscar o construir después el delito, cuando debiera ser exactamente al revés.

Un caso muy notorio es el de Nahuel Caputto, uno de los empresarios de medios más importantes de Santa Fe. Es dueño de El Litoral y presidente de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina. Sin requerimiento judicial, Sain ordena conformar un equipo para investigarlo y adjudica deseos del Gobierno: "A las autoridades les caería muy bien que tenga un problema penal", adelanta en un mensaje que obra en poder de los fiscales.

En la causa ya constan ilegales -y ajenas a control judicial- tareas de inteligencia y consultas a fuentes cerradas sobre sobre directivos de grupos privados de salud.

Otro ejemplo es el del diputado radical Maximiliano Pullaro, ex titular de Seguridad durante la gestion socialista.

Tras "perfilar" al legislador y sus hermanos, los teléfonos muestran cómo montaron una operación para vincularlo delictivamente al ex comisario Alejandro Druetta, que fue condenado por narcotráfico. Para eso usaron escuchas judiciales de ocho años atrás que ya habían sido desestimadas por la Justicia Federal y pusieron a personal estatal a desgrabar, editar y difundirlas. En las conversaciones por la maniobra, aluden como un tema "político" y "no jurídico" y la adjudican a "un mandato" de un legislador nacional próximo al gobernador.

Más adelante en el tiempo, y abierto el frente judicial por las sospechas, reaparece en los teléfonos la voz del secretario de Justicia Somaglia aseverando ante reclamos de Sain haber corregido operaciones que podrían comprometerlos. "Varias escuchas pude hacer, con determinadas situaciones, que fueran autorizadas por un juez. Pude limar muchísimo. Todo por el paraguas y la protección tuya", le dice Somaglia a Sain.

La transparencia del secretario puede quedar así controvertida justo cuando tiene a su cargo los concursos para designar a los autoridades y ascensos de las Fiscalías de toda la provincia.

Cadena 3 se contactó con el propio Somaglia y voceros del Poder Ejecutivo para conocer su versión de los hechos. Solicitaron primero conocer el contenido para poder responder.

La delgada línea

De los extensos contenidos algunos hechos podrían representar un delito. Otros sólo podrían controvertir la moral o la ética, como las presuntas charlas privadas con una camarista (citada con nombre o apellido y cuyos mensajes personales fueron reenviados internamente) para obtener un resultado favorable en un amparo. Lo mismo, con abogados particulares para beneficiar en un concurso para un cargo de la Defensa Pública a quien llaman "la candidata" y es parte del grupo. Esa "candidata" y otros postulantes rinden la semana que comienza este lunes.

En ese aspecto, los analistas parecieran actuar de buena fe. Por ejemplo, cuando en una charla Sain asevera que el gobernador Omar Perotti habló "una hora con Perona" y "lo engordó" evaluaron si era el difunto Rey del Juego de Rafaela, pero ante un análisis exhaustivo hallaron otra voz que finalmente aclara que "era (Mauricio) Maronna, no (David) Perona", en referencia al periodista del diario La Capital que falleció en 2021 y que tuvo enfrentamientos públicos con el exministro.

Asimismo, aparecen sin eufemismos enfrentamientos internos y una pregunta: ¿la seguridad pública fue rehén de eso? Por ejemplo, tras una reunión entre la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el exministro de Gobierno Esteban Borgonovo y Héctor Acuña, entonces segundo del Servicio Penitenciario, Sain advierte a su equipo sobre un intento de "tumbarlo". Entonces cuenta que para perjudicarlos en sus responsabilidades prohibió el ingreso de presos a comisarías y quitó la custodia externa de una cárcel. "Me puse en modo killer", argumenta.

"Y bueno, justo pasó esto, pobre Pirucho", agrega. La conexión inevitable es con el hecho de que, de madrugada y en la vía pública, policías identificaron a Acuña cuando estaba -inexplicablemente- en su auto de alta gama con la mujer de un preso antes de ir hasta el penal de Las Flores.

Advertido esto, una referencia periodística: la violencia en Rosario o Santa Fe no nació ni se gestó con Omar Perotti sino en sucesivas administraciones del Frente Progresista -el Triple Crimen de Villa Moreno o el Caso Esperanto como explosión-, pero ante cifras que se consolidaron en descenso hacia 2019, los números crecientes y récord de homicidios en 2022 por tercer año consecutivo parecen imposibles de escindir del tiempo y los recursos abocados a internas y disputas políticas.

A los malos resultados hasta los lamentaba en las conversaciones un alto funcionario: "Acá hubo inutilidad, incompetencia y falta de gestión, porque plata hay", se lo escucha decir.

A finales de 2021 la salida del equipo de Sain no fue menos frenética. La causa avanzaba y las sospechas de "carpetazos" estaban a la orden del día. "Estamos acá, triturando papel", cuenta Nadia Schujman, abogada, exfuncionaria del Ministerio, en un audio, y detalla sobre una reunión con las más altas autoridades del Gobierno. Ese día les secuestraron los celulares.

No están imputados

La apertura de varios teléfonos fue en el exterior luego de que los exfuncionarios se negaran a brindar su claves. Hacerlo entonces le costó miles de dólares al Ministerio Público de la Acusación. El resultado son varios terabytes y el hallazgo de dos aparatos que, contrarios a otros que los cambiaron o "limpiaron", al menos uno -el de Schujman- contenía dos años de conversaciones y todos los grupos de integrantes del Ministerio o el Organismo.

A todo eso accedieron los fiscales y las partes, incluidos los implicados y sus abogados, como también los profesionales, sindicalistas, legisladores, empresarios o ex funcionarios que son querellantes. La citación a imputativa y la explosión de la prueba es inminente.

Sain y otros ex funcionarios fueron imputados por el presunto intento por favorecer a un oferente con la compra de armas para la Policía, aunque el caso por presunto espionaje o recopilación ilegal de datos no fue llevado a audiencia ni tiene fecha aún. Concretarlo ante un juez será el marco adecuado para delimitar hechos, responsabilidades y permitir la defensa de los acusados.

También, para conocer si un juez valida o no las maniobras en defensa de la seguridad pública o considera que actuaron siempre al margen de la ley, lo que entienden los investigadores y van marcando los hechos.

En el medio los fiscales siguen analizando una evidencia cuyos alcances podrían exceder al Ministerio de Seguridad y el Organismo.

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