Nueva ley de agentes extranjeros en El Salvador genera críticas y temor entre ONGs
La nueva legislación impone un impuesto del 30% a fondos extranjeros. Expertos y ONGs advierten sobre riesgo de censura y control sobre la sociedad civil.
23/05/2025 | 22:21Redacción Cadena 3
SAN SALVADOR (AP) — La reciente aprobación de una ley en El Salvador ha despertado inquietud entre organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos sociales. Esta normativa establece un gravamen del 30% sobre donaciones o fondos provenientes del extranjero, lo que según críticos, representa una estrategia del presidente Nayib Bukele para ejercer presión sobre las entidades que critican su gobierno.
Conocida como la Ley de Agentes Extranjeros, esta legislación fue ratificada por el Parlamento, en su mayoría oficialista, y además crea un registro obligatorio para todas las organizaciones que operen en el país. Este nuevo organismo tendrá la potestad de decidir los requisitos que las entidades deberán cumplir.
Bukele, quien fue reelegido el año pasado con un respaldo del 85% de la población, intentó implementar esta ley en 2021, pero no logró el apoyo necesario ante las críticas internacionales.
Ahora, la norma es objeto de rechazo por parte de entidades sociales, analistas y políticos que la consideran como un ataque a la democracia y a la libertad de expresión, señalando que busca silenciar el trabajo en defensa de derechos humanos.
En defensa de la ley, el presidente argumentó que busca limitar la intervención extranjera y combatir la corrupción. “Esta ley tiene como objetivo ejercer un mayor control sobre la sociedad civil organizada y regular los fondos que ingresan para organizaciones críticas con el gobierno”, manifestó Bessy Ríos, abogada y analista.
Durante el debate que llevó a la aprobación de la ley, Ernesto Castro, presidente del Congreso, aseguró que las organizaciones podrán seguir expresándose, pero deberán abonar el 30% del impuesto y explicar la procedencia y el uso de sus fondos.
Contexto sobre la relación del gobierno de Bukele con las ONG
Desde 2021, Bukele ha implementado una política de mano dura contra las pandillas, que ha implicado la suspensión de derechos fundamentales y la detención de cerca de 86.000 personas. Esta situación ha llevado a denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria de ciudadanos sin acceso a defensa legal.
La presión internacional, especialmente contra estas políticas, ha sido desestimada por el mandatario, quien ha acusado a los defensores de derechos humanos de proteger a criminales.
Impacto de la nueva ley sobre organizaciones
La Ley de Agentes Extranjeros afecta no solo a las ONGs, sino a toda entidad, ya sea nacional o internacional, que reciba financiamiento del exterior. Se estima que operan unas 8.000 organizaciones en El Salvador, y muchas de ellas no están registradas en el Ministerio de Gobernación.
La legislación ha suscitado preocupación entre diversos colectivos que consideran que el término “agente extranjero” podría aplicarse a una amplia gama de organizaciones, incluyendo derechos humanos, medios de comunicación, y grupos comunitarios, lo que podría restringir su labor.
Bessy Ríos indicó que la norma apunta directamente a las organizaciones que han evidenciado actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos durante el mandato de Bukele.
Las organizaciones que reciben fondos extranjeros, como Cristosal y El Faro, enfrentan un riesgo elevado de regulación y control respecto a sus actividades.
Detalles del impuesto y su uso
La ley establece que todas las transacciones de fondos del exterior estarán sujetas a un impuesto del 30%. Sin embargo, ni el gobierno ni la legislación especifican el destino de estos ingresos.
Limitaciones para operar en el país
Cualquier ONG que desee operar deberá registrarse en el Registro de Agentes Extranjeros, que estará bajo la dirección del Ministerio de Gobernación. Este organismo determinará los requisitos y podrá aprobar o desestimar solicitudes de registro.
Si no se cumple con la normativa, las organizaciones corren el riesgo de perder su personería jurídica o de verse obligadas a cerrar sus operaciones.
[Fuente: AP]




