Las dificultades de las víctimas de violación en Brasil para acceder al aborto legal

RÍO DE JANEIRO (AP) — Una mujer brasileña de 27 años, quien quedó embarazada tras ser violada durante el Carnaval en Brasilia en marzo, debería haber tenido acceso a un aborto legal. No obstante, al acudir a un hospital un mes después para interrumpir su embarazo, le exigieron un informe policial, a pesar de que dicha documentación no es un requisito legal en estos casos.

Ante la negativa, decidió abortar en su hogar utilizando medicamentos adquiridos de manera clandestina, con el apoyo de algunas amigas. “Me desmayé varias veces por el dolor. Tenía pánico a morir”, afirmó.

La Associated Press no identifica sin su consentimiento a las personas que declaran haber sido víctimas de agresiones sexuales. En Brasil, el aborto es legal únicamente en casos de violación, cuando hay riesgo para la vida de la mujer o si el feto no tiene un cerebro funcional. Teóricamente, la declaración de la víctima debería ser suficiente para acceder al procedimiento.

Sin embargo, en la práctica, expertos y defensores alegan que las mujeres enfrentan obstáculos considerables para interrumpir un embarazo incluso en los casos considerados por la ley. Esto se atribuye a la falta de servicios y acceso, protocolos inconsistentes entre clínicas, y la renuencia del personal médico.

“La ley no exige autorización judicial ni nada por el estilo”, comentó Ivanilda Figueiredo, profesora de derecho en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. “Cuando una mujer desea abortar, debería reportar su situación a un equipo multidisciplinario en la clínica de salud, y eso, en teoría, debería ser suficiente.”

A menudo, los profesionales de la salud, basándose en convicciones morales o religiosas, se niegan a realizar abortos legales, aun en clínicas autorizadas. Además, las barreras geográficas también son un factor importante; solo 290 instalaciones en el 3,6% de los municipios brasileños ofrecen el servicio a una población de aproximadamente 213 millones de habitantes, según un estudio de 2021 publicado en la revista científica Reports in Public Health.

Este escenario se agrava por un contexto político en el que representantes de la extrema derecha, respaldados por católicos y evangélicos, intentan restringir aún más el acceso al aborto. En 2020, el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro emitió una orden que obligaba a los médicos a reportar a las víctimas de violación que buscaban un aborto, norma que fue revocada por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, aunque dejó cicatrices en el ámbito legal.

“Estos cambios generan una gran incertidumbre legal entre los profesionales de la salud, quienes temen ser acusados por realizar abortos legales”, explicó Castro Gomes.

En medio de todo esto, se ha interpuesto una demanda ante el Supremo Tribunal, donde cuatro organizaciones sin fines de lucro sostienen que las restricciones vulneran los derechos constitucionales de las mujeres. Este caso está actualmente en proceso.

Una mujer de 35 años, quien también quedó embarazada tras una violación, decidió abortar de manera legal debido a su temor a las complicaciones de un aborto clandestino. Sin embargo, un comité del hospital donde acudió se negó a realizar el procedimiento, alegando que su embarazo estaba demasiado avanzado, aunque no existe un límite de tiempo según la ley brasileña.

Finalmente, recibió ayuda del Proyecto Mujeres Vivas, una organización dedicada a asistir a las víctimas de violencia sexual en acceder a abortos legales. Esta red la condujo a un hospital en otro estado dispuesto a realizar el aborto, al que pudo llegar gracias a una recaudación de fondos. La operación tuvo lugar a las 30 semanas de gestación.

“Ya somos víctimas de la violencia y nos obligan a sufrir aún más”, expresó durante una entrevista. “Es un derecho garantizado por ley pero, desafortunadamente, sigue siendo un tabú.”

Las iniciativas para facilitar el acceso al aborto son escasas, y las que existen enfrentan barreras importantes. Las mujeres de menos recursos frecuentemente carecen de información sobre sus derechos reproductivos. Por ejemplo, en la favela de Maré, la organización Redes de la Casa de las Mujeres de Maré trabaja para brindar ese tipo de información a las mujeres locales.

Las mujeres enfrentan profundos efectos psicológicos al luchar por acceder a sus derechos reproductivos. La víctima de Brasilia que abortó en su hogar revela que ha estado en terapia y que el trauma le ha dejado secuelas. “Cuando no se nos permite acceder a un aborto legal, nuestros cuerpos sienten un dolor que no deberían. Cada vez que recuerdo lo sucedido, siento una gran rabia”, concluyó.

Las leyes sobre el aborto en Brasil son algunas de las más restrictivas en América Latina, y con la presión política actual, las perspectivas para el acceso al aborto legal continúan siendo inciertas.

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