La administración Trump reactiva norma que limita acceso a green cards para inmigrantes en EE.UU.

MIAMI — La administración de Donald Trump ha decidido reactivar una norma que podría resultar en la negación de la residencia permanente, conocida como green card, a aquellos inmigrantes que utilicen beneficios públicos, tales como cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda.

Esta política, que se conoce como "carga pública", fue publicada el jueves en el Registro Federal y se formalizará el 20 de julio, con una fecha de inicio programada para el 18 de septiembre. Según esta normativa, los solicitantes de residencia permanente deberán demostrar que no representarán una carga para el país.

Originalmente, esta política fue introducida en febrero de 2020 como parte de las iniciativas de Trump para restringir la inmigración legal durante su mandato, pero fue suspendida tras la llegada al poder del demócrata Joe Biden.

El restablecimiento de esta norma ocurre en un contexto donde la administración republicana está implementando medidas rigurosas para reducir tanto la inmigración legal como la ilegal, mientras que los costos de atención médica y alimentación continúan en aumento.

Desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se indicó que "estamos reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y terminando con políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses trabajadores".

"Bajo el presidente Trump, USCIS está restaurando el principio básico de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos", se agregó en un comunicado en su cuenta de X.

Aunque la ofensiva migratoria se ha centrado en la detención y deportación de inmigrantes, también incluye medidas que afectan a inmigrantes legales y familias de estatus mixto, donde los padres son extranjeros y los hijos nacieron en Estados Unidos.

La legislación federal ya exige que quienes buscan la residencia permanente demuestren que no se convertirán en una carga pública. Sin embargo, la nueva norma amplía el rango de programas que podrían descalificar a los solicitantes.

La administración Trump introdujo esta norma inicialmente en 2018 como un mecanismo para asegurar que solo quienes fueran autosuficientes llegaran a EE.UU. Defensores de los derechos de los inmigrantes la han criticado, sosteniendo que es una "prueba de riqueza". Expertos en salud pública han advertido que podría conllevar a peores resultados en salud para las comunidades afectadas.

Según un análisis de Manatt Health, un grupo que asesora a gobiernos, se estima que esta política podría haber disuadido a hasta 26 millones de personas de acceder a atención médica, alimentos, vivienda u otros servicios para los cuales calificarían legalmente. Aproximadamente la mitad de estas personas eran ciudadanos, en su mayoría niños o adultos en familias de estatus mixto.

Los expertos también advierten que la mayoría de los beneficiarios de estos programas ya son residentes legales. Un estudio del Migration Policy Institute de 2020 reveló que, aunque los efectos disuasorios podrían ser significativos, el número de inmigrantes considerados no elegibles para la residencia legal permanente por el uso de estos beneficios sería relativamente pequeño.

El instituto estimó que no más de 167.000 personas, menos del 1% de los 22,1 millones de no ciudadanos en EE.UU. en ese momento, podrían ser consideradas no elegibles por el uso de algún beneficio público mencionado en la norma.

En 2023, había 22,8 millones de no ciudadanos viviendo en el país, según datos de la Oficina del Censo. Organizaciones no gubernamentales han manifestado que la política generó confusión y miedo, llevando a muchos inmigrantes y a sus familias a evitar solicitar beneficios y servicios a los que tenían derecho.

Defensores de los inmigrantes han condenado la reactivación de esta norma, expresando su preocupación. "Este reglamento es un ataque directo contra las familias inmigrantes y una amenaza para la salud y la seguridad económica de nuestro país", afirmó Adriana Cadena, directora ejecutiva de la coalición Protecting Immigrant Families Coalition. "La administración Trump está basando las decisiones migratorias en prejuicios y política, sin importar el daño causado".

Por su parte, Sarah Krieger, asesora principal de políticas del National Immigration Law Center, advirtió que esta norma disuadirá a los inmigrantes de buscar atención médica, comprar alimentos o presentar impuestos.

"Con esta nueva norma, están sembrando miedo y caos para, en última instancia, transformar a Estados Unidos en un país donde solo unos pocos, blancos y ultrarricos, sean bienvenidos", concluyó Krieger. "La norma no solo es profundamente dañina, también viola la ley".

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