España se replanteará las relaciones bilaterales con Bolivia
Fue luego de que Evo Morales dispusiera la sexta expropiación de una empresa de capitales españoles en menos de un año. Madrid calificó la medida como un “acto no amistoso”.
19/02/2013 | 09:10Redacción Cadena 3
El gobierno de Mariano Rajoy ha deplorado este lunes la decisión del Ejecutivo boliviano de nacionalizar una filial de Aena y Abertis y ha advertido de que como consecuencia de ello, y dado que la expropiación se ha hecho sin previo aviso ni pago, va a proceder a replantearse "el conjunto de las relaciones bilaterales" con Bolivia.
“Ante esta reiteración de decisiones que cuestionan la voluntad del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de mantener con España las relaciones de amistad, cordialidad y cooperación que España siempre ha favorecido en todos los ámbitos, el gobierno español, muy a su pesar, procederá a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales”, señaló una declaración difundida por la cancillería española.
Morales anunció la expropiación de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa), filial de una compañía y una agencia estatal españolas que explotaba la operación de las tres principales estaciones aéreas del país, y dispuso el despliegue de tropas militares en ellas “para garantizar la continuidad de los servicios”.
El mandatario explicó que adoptó esa decisión después de no haber podido llegar a un acuerdo con los representantes de la empresa, tras haber verificado el incumplimiento de inversiones comprometidas para el mejoramiento de los servicios y “una ganancia exorbitante a su favor”, informaron las agencias noticiosas ABI y EFE.
“Digo con mucha claridad el robo, saqueo de esta privatización, pretexto de la capitalización”, indicó Morales.
Según explicó el jefe del Estado, Sabsa se hizo cargo de la administración de los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz gracias a una “inversión irrisoria” y en el período 2006-11 solo ejecutó 5,89 millones de dólares de un plan de inversión comprometido de 26,92 millones.
Resaltó que “contrariamente a esa ausencia de inversión”, la empresa expropiada computó entre 1997 y 2011 utilidades por 20,64 millones de dólares, equivalentes a 2.164% del capital pagado, que fue de 953.692 dólares.
“Estas y otras razones nos obligaron a tomar esta decisión de nacionalizar Sabsa, aunque por razones de carácter diplomático hemos esperado llegar a un acuerdo y además ex ministros negociaron con la empresa para que ellos pudieran invertir”, pero “no hemos podido entendernos, por eso este decreto”, subrayó Morales.
La firma expropiada gestionaba los tres aeropuertos más grandes de Bolivia desde 1997. Perteneció a la estadounidense Airport Group International hasta 1999, cuando pasó a manos de la británica TBI, que en 2004 fue adquirida por la firma española Abertis (90% del capital) y Agencia Española de Navegación Aérea (Aena, 10% restante).
Sabsa es la sexta empresa española expropiada en Bolivia en menos de un año, luego de que Morales estatizara en mayo pasado una filial de Red Eléctrica de España (REE) y en diciembre otras cuatro de Iberdrola.
“España no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio según una valoración justa e independiente del bien expropiado”, dice el texto difundido por la cancillería española.
El gobierno de Madrid sostuvo que “se reiteró en ocasiones precedentes que las expropiaciones sin previo aviso y con ocupación por la fuerza pública de las instalaciones expropiadas no se correspondían con el buen clima que se supone presiden las relaciones bilaterales entre Bolivia y España”.
En tanto, el canciller español, José García Margallo, aseguró en Bruselas que buscará la “solidaridad” de la Unión Europea (UE) y calificó la decisión del gobierno boliviano como un “acto no amistoso” que, advirtió, “tendrá consecuencias en las relaciones bilaterales”.
Abertis informó en un comunicado que “respeta” la decisión que quitó a su controlada la gestión de los aeropuertos bolivianos, negó que hubiera incumplido compromisos de inversión y se manifestó “a disposición” de las autoridades para obtener “una compensación adecuada” por la expropiación.
Paralelamente, Bolivia dio un plazo de 120 días para que una “empresa independiente” determine cuánto debe pagar por las acciones expropiadas, designó un interventor a cargo de la administración de los tres aeropuertos y garantizó, a través de su Fuerza Aérea, la operación normal del transporte de pasajeros y de cargas en esas estaciones.
