Ecuador inicia investigación financiera a jueces y fiscales sospechosos de corrupción
En medio de un aumento alarmante de la violencia, el gobierno ecuatoriano solicitó a la UAFE que investigue a jueces y fiscales que, presuntamente, favorecieron a delincuentes en su libertad.
13/06/2025 | 13:39Redacción Cadena 3
QUITO (AP) — Ante un creciente clima de violencia que ha crecido desde principios de este año, el gobierno de Ecuador requirió el viernes a una unidad estatal de análisis financiero que investigara los bienes de jueces y fiscales, a quienes considera cómplices en la liberación de criminales.
El ministro del Interior, Jhon Reimberg, informó que el objetivo es combatir la impunidad en la que muchos magistrados y fiscales han operado durante un largo período. Según él, esta decisión refleja un compromiso serio del gobierno por poner fin a estos comportamientos.
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, manifestó que este pedido podría ser visto como una intromisión del Ejecutivo en un poder del Estado, dado que la fiscalización a jueces y fiscales recae sobre el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, Ocaña también apuntó que este organismo no ha estado a la altura de su responsabilidad por falta de fiscalización efectiva.
El Consejo de la Judicatura ha enfrentado críticas severas en los últimos años, además de haber sido objeto de escándalos de corrupción, donde uno de sus altos funcionarios fue condenado.
Desde una perspectiva diferente, el penalista Ramiro Aguilar defendió la acción gubernamental, aclarando que la intervención de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) es parte de un sistema de seguridad nacional. "Un juez o fiscal corrupto que colabore con organizaciones criminales es una amenaza a la seguridad del Estado, y no hay ningún tipo de violación a sus funciones", expuso Aguilar ante la AP.
A pesar de esto, consideró que el anuncio del gobierno es fundamentalmente “político” y busca “ocupar un vacío de acción del gobierno en materia de seguridad”.
La violencia en Ecuador ha ido en aumento desde hace cuatro años, coincidiendo con la proliferación de bandas organizadas vinculadas a los carteles de drogas de México. Ecuador es geográficamente vulnerable, situado entre Colombia y Perú, dos de los principales productores de cocaína en el mundo.
El presidente Daniel Noboa proclamó un “conflicto armado interno”, lo que le permitió movilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Sin embargo, hasta el momento, esta iniciativa no ha logrado resultados efectivos.
El director de la UAFE, Julio Neira, alertó que “los operadores judiciales evitan actuar” mientras que hay abogados que “ayudan a sus clientes a encubrir actividades delictivas, creando empresas ficticias y utilizando testaferros”.
“No permitiremos que se sigan usando las instituciones del Estado para ocultar la violencia que aqueja a los ecuatorianos”, añadió Neira.
La AP intento obtener una reacción tanto de la Asociación de Jueces como de la Fiscalía, sin éxito inmediato.
Esta declaración gubernamental ocurre días después del secuestro y homicidio de cuatro comerciantes, de los cuales dos captores fueron arrestados el mismo día y luego liberados bajo medidas cautelares. La Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia intercambiaron culpas por la situación.
El año pasado, varios jueces y fiscales enfrentaron procedimientos por casos notorios de corrupción, incluido el conocido caso "Metástasis", que puso de manifiesto la penetración del crimen organizado en la judicatura. En este caso, se impusieron condenas de más de 13 años de prisión a la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y al juez de la misma corte Johan Marfetán, junto a otros magistrados y funcionarios judiciales.
[Fuente: AP]
