Consejo de Europa redefine normas sobre migración y deportaciones a terceros países

BRUSELAS — El viernes, un total de 46 naciones de Europa y otras regiones llegaron a un acuerdo sobre una nueva interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, especialmente en lo que respecta a la migración y el uso de centros de deportación en terceros países. Esta decisión se tomó en medio de un contexto donde varios Estados miembros abogan por medidas más severas para gestionar la migración irregular y facilitar las deportaciones.

La declaración política, adoptada durante una reunión de ministros de Exteriores en Chisináu, la capital de Moldavia, ha generado preocupaciones entre grupos defensores de los derechos humanos. Estos argumentan que la nueva interpretación podría debilitar las prohibiciones contra la tortura y disminuir las protecciones de derechos humanos para los migrantes en el continente.

Según el comunicado del Consejo de Europa, la declaración reafirma el derecho soberano de los Estados a controlar la entrada y la residencia de extranjeros, además de subrayar la importancia de proteger las fronteras conforme al Convenio. Asimismo, se establece que las naciones que enfrentan llegadas masivas de migrantes pueden implementar nuevos enfoques, incluyendo la creación de "centros de retorno" en países ajenos.

La portavoz del grupo de derechos humanos PICUM, Chiara Catelli, manifestó que esta declaración podría debilitar el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el organismo encargado de velar por la aplicación del convenio. Catelli indicó que, en la práctica, los gobiernos están intentando presionar a este tribunal para que flexibilice las protecciones de derechos humanos que han estado vigentes durante mucho tiempo, lo que podría llevar a deportaciones hacia lugares donde los individuos podrían enfrentar torturas o tratos inhumanos.

Por su parte, Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional, criticó la idea de un sistema de derechos humanos que dependa del estatus migratorio, afirmando que esto contraviene el principio de que los derechos humanos son universales.

Un caso notable ocurrió el año pasado, cuando Italia envió a varios migrantes no autorizados a un "centro de retorno" en Albania, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en hacerlo hacia un país fuera de la UE. Activistas han calificado estas acciones como inhumanas, comparándolas con las políticas de deportación del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde 2024, la Unión Europea ha endurecido sus políticas migratorias, especialmente tras la llegada al poder de partidos de derecha en varios países. En este contexto, líderes de nueve naciones —incluyendo Austria, Bélgica y Polonia— firmaron una carta abierta denunciando que el convenio de derechos humanos les impide expulsar a delincuentes extranjeros.

A pesar de las críticas, el comisario de Migración de la UE, Magnus Brunner, celebró la declaración como un avance hacia una política migratoria más unificada, señalando que se trata de un desafío compartido que requiere soluciones comunes. El secretario general del Consejo, Alain Berset, también destacó que la Declaración de Chisináu guiará el trabajo del Consejo y de las autoridades nacionales.

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La información fue reportada por McGrath desde Leamington Spa, Inglaterra.

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