Una peligrosa mezcla de intereses políticos y cuestiones jurídicas resueltas a medias ha logrado instalar en agenda las usurpaciones. No pasa un día sin que se produzcan variantes de un tema que ha trepado a la portada de los medios porque provoca indignación, desconcierto, polémica y dudas sobre la efectividad de la ley.
Primero fue la cuestión mapuche en la zona más bella del inmenso territorio patagónico y los recurrentes episodios de violencia que los proclamados dueños de la tierra atribuyen a oportunistas, a quienes no le reconocen la alegada condición de originarios.
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La distancia de los centros de poder, el desconocimiento acerca de algunas reivindicaciones y hasta denominaciones exóticas como las de algunas comunidades -una vez por mes hay alguna acción atribuida a la lof Lafken Winkul Mapu- hace que los intentos de tomas en el sur se observen desde el resto del país como disputas anacrónicas, ocurridas fuera del mapa.
Lo que, en cambio, resultó desde el principio mucho más comprensible y terrenal fue lo de Guernica y sus casas de nylon y cartón, las reiteradas órdenes de desalojo que siempre se demoraban y el desenlace que llegó en medio de un intercambio de piedras y balas de goma, mientras ardían esa clase de viviendas que levantan la pobreza y la desesperación.
Las tierras en la cabecera del partido Presidente Perón oficiaron durante semanas como una especie de laboratorio sociológico a cielo abierto en el que cada jornada se discutían los presuntos límites del derecho a la propiedad, su raigambre constitucional, el déficit habitacional, las obligaciones del estado hacia el segmento más vulnerable de la población y también, el oportunismo de grupos que permanecen en la sombra, listos para hacer de pescadores en río revuelto.
Aunque la orden de desalojo impartida por la justicia se cumplió, el gobierno soportó las críticas de la izquierda por esas imágenes de tierra arrasada y tampoco logró conformar a la derecha que sigue exigiendo pronunciamientos que todavía no se produjeron, o no han tenido el énfasis esperado.
Contemporáneamente se produjo en Entre Ríos el incidente en la propiedad de los Etchevehere que por el tironeo del oficialismo y la oposición convirtió una disputa familiar en un campo de batalla. También en este caso la justicia dictaminó y sus disposiciones se cumplieron pero hasta entonces, los medios registraron con avidez esas inolvidables imágenes más propias del realismo mágico que de la normalidad cotidiana.
La hermana rebelde liderando la ocupación, su madre y hermanos varones a distancia prudencial de la tranquera y peones y chacareros rodeando el perímetro envueltos en banderas, constituyeron un espectáculo caricaturesco y difícil de olvidar. Y si además se incluye la fallida e imperfecta siembra de la huerta debajo de un paraíso como la actividad inaugural del denominado Proyecto Artigas, el combo es perfecto.
Los tres casos -el sur patagónico, Guernica y la hacienda de los Etchevehere- desataron una preocupación nunca advertida antes sobre la posibilidad de usurpaciones, como si se tratara de una amenaza omnipresente. Los dos últimos meses hubo denuncias mediáticas y en tribunales sobre movimientos extraños en la zona serrana de Córdoba y casi a diario se habla del temor de propietarios por la eventualidad de que sean ocupadas sus casas de descanso.
Su preocupación parecía exagerada hasta que trascendió el caso de Cariló. También allí la justicia actuó para sacar a los intrusos pero todo el mundo sigue impactado por la desfachatez de los usurpadores que no sólo se apoderaron de una casa sino que la pintaron a su gusto e hicieron construir una mini cascada.
La esperanza es que haya una mirada atenta sobre el problema y una rápida actuación judicial .Esa es la manera más eficaz de sacar el tema de agenda.
