Los que corren al mamut nunca llegan al Tribunal Superior de Córdoba

Adrián Simioni

El gobernador Martín Llaryora acaba de proponer a una política radical, Jessica Valentini, para cubrir la vacante de jueza suprema que dejó Mercedes Blanc de Arabel. 

Valentini es abogada, ha sido militante de Mario Negri y fue funcionaria pública durante los gobiernos de Angeloz, Mestre, De la Sota y Schiaretti. 

La mayor parte como segunda de Mario Decara en la Defensoría del Pueblo, que durante años se hizo más conocida por medir la inflación (algo que no está en sus funciones) que por controlar a los servicios públicos provinciales, que es su rol constitucional.

También fue funcionaria de Llaryora en la Municipalidad de Córdoba. En su postulación, Llaryora destacó la formación académica de Valentini. La postulación se inserta en la estrategia que viene ejecutando Llaryora para capturar a casi todo el espectro de la oposición política y consolidar su hegemonía, dándoles puestos públicos a dirigentes radicales y macristas. 

Llaryora entiende esto como pluralismo, que lo es, y de hecho le genera problemas con legisladoras como Nadia Fernández, cuyo único argumento para rechazar a Valentini es que no es peronista. Se ve que, para Fernández, el Poder Judicial debería ser escriturado a nombre del PJ. Chavismo, bah… Para muchos, el pluralismo de Llaryora no es otra cosa que vocación de partido único.

Pero hay otra cosa más importante en esta postulación. El gobierno de Córdoba tiene serios problemas para pensar fuera de la caja de zapatos. El pluralismo no se juega sólo en si hay radicales y peronistas. La sociedad se divide también por otros criterios, aunque ni siquiera lo podamos concebir. 

Por ejemplo, si es gente que proviene del sector privado o del sector público. El Tribunal Superior, nuestra Corte Suprema, debería reflejar pluralidades como esa. En cambio, son todos miembros prominentes de las cúpulas políticas que crecen pastando en la burocracia pública, en el Partido del Estado. Todos han vivido casi siempre de cobrar un sueldo estatal. No de correr el mamut en el sector privado.

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Luis Angulo empezó como abogado, pero ya en 1994 empezó su carrera estatal en Santiago del Estero. Domingo Sesín empezó como fiscal de Estado en 1978. Aída Tarditti está en el Poder Judicial desde 1975, igual que María Cáceres de Bollati. Luis Rubio fue maestro tres años y luego entró a la Justicia. Tuvo un interregno como laboralista. Sebastián López Peña pasó de la facultad al Poder Judicial. 

Muchos de ellos han sido funcionarios del Ejecutivo. O profesores universitarias. Casi todos han cobrado, siempre, un cheque del Estado. Son representantes casi monopólicos del Partido del Estado. Son y han sido más gastadores de impuestos que pagadores de impuestos.

Uno imagina –y muchos teóricos sociales lo han planteado- que eso moldea una visión del mundo. Sesgada, como todas. Y ahí aparece una brutal falta de pluralidad en la cumbre de la Justicia, que tiene que interpretar la ley para todos, incluso para la gran mayoría, los corredores de mamuts que todos los días se la tienen que salir a rebuscar para pagar los impuestos, no para gastarlos.

Llaryora tenía muchísimas alternativas. Sólo por dar un ejemplo: en la Bolsa de Comercio de Córdoba funciona desde hace muchísimos años un impecable tribunal de arbitraje. Muchas empresas, cuando firman un contrato, acuerdan saldar cualquier diferencia en ese tribunal, porque es mucho más veloz y barato que ir a la justicia comercial. Ahí hay abogados de enorme prestigio, que le podrían aportar a la Justicia de Córdoba, por ejemplo, esas nociones de celeridad y menores costos, o sea, de eficiencia. 

Sería muy bueno, que alguna vez podamos pensar fuera de la caja de zapatos, dejáramos de pensar con el pupo burocrático y creer que porque ponemos a un burócrata rosa y otro celeste ya estamos representando a la pluralidad de una sociedad moderna, compleja y diversa como la cordobesa, mientras dejamos siempre afuera al 70% de la población que no vive toda su vida de un cheque del Estado.