El llanto todoterreno de los gobernadores
13/02/2026 | 11:05Redacción Cadena 3
FOTO: Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia. (Foto: X)
Se ha vuelto una escena repetida en el Congreso: cada vez que se aprueba una medida con impacto en las provincias, aparecen gobernadores —o sus diputados— reclamando más fondos nacionales. Esta vez, el argumento surgió en el debate por la baja de la edad de imputabilidad. Y, otra vez, el planteo fue el mismo: "no puede ser que lo paguen las provincias".
El proyecto contempla una partida específica —23.000 millones de pesos— para ayudar a poner en marcha el nuevo régimen penal juvenil. No es una cifra monumental dentro del presupuesto nacional. Aun así, desde algunos bloques provinciales, como el que preside la santafesina Gisela Scaglia, alineada con el gobernador Maximiliano Pullaro, se insistió en que el costo no debía recaer en los distritos.
Pero aquí aparece un problema de lógica básica. ¿Quién es "la Nación"? No es un ente abstracto que produce dinero por generación espontánea. La Nación recauda impuestos en el territorio de las provincias. Si se exige que el Tesoro nacional transfiera más recursos, esos fondos deberán salir de más impuestos o de reasignaciones presupuestarias que también afectan a los mismos ciudadanos.
El argumento se vuelve aún más débil cuando se recuerda que el sistema penal juvenil es, por mandato constitucional, una competencia provincial. Si el Congreso —con representantes de todas las provincias— decide modificar el régimen, la responsabilidad de implementación recae en los distritos. Pretender que cada ajuste normativo venga acompañado de una transferencia automática de recursos es desconocer cómo funcionan las finanzas públicas.
Llevado al extremo, el razonamiento se vuelve absurdo: si mañana se endurecieran las penas por homicidio y eso implicara más tiempo de detención, ¿debería la Nación financiar indefinidamente la ampliación de las cárceles provinciales? ¿O si se introdujera una reforma procesal? La lógica no resiste demasiada prueba.
Además, el reclamo resulta llamativo en provincias con fuerte actividad económica como Córdoba o Santa Fe, donde se genera buena parte de la recaudación. En Córdoba, por ejemplo, el Complejo Esperanza fue financiado con recursos propios. Es decir, cuando hubo que hacerse cargo de una responsabilidad institucional, se hizo. Y mientras algunos distritos ya cuentan con infraestructura adaptable, otros que nunca invirtieron ahora quedarían beneficiados por mayores transferencias.
En un país con recursos escasos y cuentas públicas tensionadas, la discusión no puede ser siempre "más plata". La caída de la matrícula escolar, por ejemplo, abre la puerta a reorganizar estructuras y reasignar partidas. Las enormes diferencias en la relación alumnos-docente entre provincias muestran que hay márgenes para reconvertir gasto antes que reclamar cheques adicionales.
El nuevo régimen penal juvenil, además, no está pensado para abarcar a todos los menores, sino a quienes cometan delitos graves como homicidio, violación o robos con armas. No se trata de un universo masivo imposible de absorber, sino de un esquema acotado que exige gestión y prioridades claras.
La Argentina necesita que cada nivel del Estado haga más con lo mismo, o incluso con menos. El reclamo automático de fondos ante cada cambio normativo no es una estrategia sostenible. Tal vez el llanto todoterreno debería reservarse para situaciones excepcionales. Y mientras tanto, asumir que gobernar también implica ordenar, reasignar y administrar con responsabilidad los recursos propios.
