El 73% de los presos tienen celulares en las cárceles de Buenos Aires

Por disposición de la Justicia, los detenidos alojados en las cárceles de la provincia de Buenos Aires tienen derecho a contar con teléfonos celulares para comunicarse con su familia y garantizar acceso a material educativo. Se trata de una decisión tomada por el juez Víctor Violini durante la pandemia, en 2020.

"El derecho a la comunicación y la necesidad de mantener el vínculo afectivo de las personas detenidas se torna apremiante en la actual situación de pandemia, ya que se vio particularmente afectada la posibilidad de seguir recibiendo visitas familiares", escribió Violini entonces, pese a que los aislamientos obligatorios por coronavirus terminaron hace cuatro años y nadie retiró los celulares de las celdas.

Pese a que el permiso de utilizar estos dispositivos aplicaba únicamente para WhatsApp, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense reconocieron que es imposible un control efectivo. Según el diario Clarín, están activados y en funcionamiento del otro lado de las rejas casi 43.000 aparatos de telefonía móvil.

Los dispositivos son provistos por las familias de los presos y los costos que genera cada número de teléfono los asume el propietario.

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El especialista en seguridad, Daniel Adler, habló con Cadena 3 y aseguró que esto es "complicidad política, policial y municipal" y que "no existe esta clase de delitos".

"Un reo está penando en una cárcel, no tiene que tener un celular. Un teléfono no es como el que teníamos antes de Entel, que solo se usaba para comunicación. Con un teléfono se pueden abrir empresas", advirtió Adler, señalando que en 2023 se registraron 85 sociedades anónimas simplificadas (SAS) creadas desde las cárceles, evadiendo impuestos por 2.500 millones de pesos.

Adler también subrayó que el artículo 160 del Código Penal prohíbe el uso de teléfonos celulares en las cárceles, pero la situación actual contradice esta normativa. 

Una reciente operación en Buenos Aires desbarató una red de pedofilia que operaba desde la Unidad Penitenciaria de Florencio Varela, donde un preso condenado a 50 años, Víctor Hugo Valderrama, gestionaba la red utilizando un teléfono celular en su celda. 

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En ese marco, se descubrió que se editaba y comercializaba contenido de abuso sexual infantil. "Argentina hoy es uno de los primeros 10 países del mundo en generación de contenido pedófilo", agregó Adler, quien también mencionó la necesidad de un cambio en la cultura penitenciaria para combatir el crimen organizado.

"El combate al delito, al crimen organizado, al narcotráfico, al tráfico humano, está al alcance del Estado. Realmente no es extremadamente complejo con todas las herramientas que hay. Recordemos que las unidades de protección de Argentina son de lo mejor que hay en Sudamérica. Pero falta decisión política", cuestionó el especialista en seguridad.

Adler consideró que, para atacar el problema de fondo, Argentina debería tener un departamento de asuntos internos con una herramienta como se usa mucho en Estados Unidos o Israel, que es el polígrafo detector de mentiras. "Esporádicamente, hay que utilizarlo para un control de calidad con la Policía, los fiscales, la Justicia y con funcionarios políticos. El que nada debe, nada teme".

"La necesidad de una nueva cultura penitenciaria es fundamental si queremos realmente dar una batalla al crimen organizado", concluyó.

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