El Estado no puede renunciar a ordenar el espacio que todos compartimos

Quien cuenta con recursos se compra su propio orden: urbanizaciones cerradas, barreras de acceso, seguridad privada. La extensión y la fortaleza del ámbito privado de cada persona dependen de la cuantía de sus recursos económicos y de poder, y a mayor cantidad de recursos, mayor es el ámbito privado posible. 

Quien no puede pagarlo queda expuesto en el espacio público, y allí el orden lo garantiza únicamente el Estado. Por eso las alteraciones que llamamos inseguridad golpean con más fuerza a las barriadas de menor valor inmobiliario, y por eso el Estado no puede ser pasivo: debe fijar normas y hacerlas cumplir, atender la indigencia que empuja a las alteraciones y educar para la convivencia bajo la ley. Las tres acciones son irrenunciables.

Desde la perspectiva fisicomatemática la vida, como suceso ocurrido en el universo, transcurre en el modelo cuatridimensional denominado "espacio-tiempo". Si hacemos una observación humanista de la vida de las personas, podemos decir tentativamente que la misma ha venido transcurriendo en tres ámbitos, en los que es necesario impere el respeto al ejercicio y vigencia de los derechos humanos.

Hay un ámbito "interior" en el que habita la conciencia, en donde confluyen percepciones biológicas sensoriales, sentimientos y razonamientos para la toma de decisiones, se ordenan prioridades, se fijan creencias y valores y se resuelve la interrelación con el mundo exterior que conforman los congéneres, la naturaleza y el sinfín de cosas que la evolución de las habilidades humanas ha creado. Es el ámbito dependiente de la salud mental.

Insertas en el mundo exterior, las personas construyen el ámbito "privado". Este ámbito está constituido por una conjunción en la que pueden confluir otras personas, escenarios de la naturaleza y un conjunto de cosas. Tal conjunción se conforma por decisiones propias o de otras personas de su entorno contemporáneo o precedente, y tiene la particularidad de ser variable conforme a diversas circunstancias y el posible ejercicio de la libertad de los individuos. La barrera que debe abrir y cerrar este ámbito es el libre y consciente consentimiento.

Complementando el mundo exterior está lo que denominamos "el espacio público", en el que confluyen las personas, los escenarios de la naturaleza y el conjunto de cosas que no conforman el "ámbito privado". Es el ámbito dependiente de convenciones (normas, leyes) para que las interrelaciones personales puedan transcurrir en armonía, respetando el ejercicio de los derechos humanos de todos en los tres ámbitos descritos.

Bien podemos sostener como enunciado lo que la realidad nos muestra: la extensión y fortaleza del ámbito privado de cada persona dependen en principio de la cuantía de sus recursos económicos y de poder. Es una observación empírica: a mayor cantidad de recursos, mayor extensión del posible ámbito privado.

La existencia de urbanizaciones cerradas y de barreras de acceso a las áreas que habitan quienes ejercen poderes y cargos jerárquicos es una clara demostración de este enunciado, el que nos lleva a la conclusión de que el orden en el espacio público es más sensiblemente requerido como necesario por parte de las personas con menores recursos económicos y de poder. 

No hay duda de que quienes más sufren la inseguridad urbana son quienes habitan las barriadas de menor valor inmobiliario, y que la inseguridad urbana quita valor a los inmuebles en las zonas en que impera.

Vivimos organizados como comunidades-estado, con la pretensión de que los tres ámbitos de nuestras vidas tengan la adecuada protección derivada de normas sabiamente dictadas y eficientemente aplicadas.

El orden en el espacio público requiere de normas y de un poder de policía ejercido monopólicamente por el Estado. Solamente el Estado puede fijar pautas y condiciones para ocupar y transitar el espacio público. Claramente estos requerimientos son fundamentales, pero no suficientes. Hay dos pilares que deben sostener interactivamente a los mismos: las condiciones de vida digna en el entorno y la educación. La indigencia que marca la existencia de necesidades humanas básicas insatisfechas socava el orden social.

Bien se dice que "con hambre no hay ley". También es sabido que la ley, para tener contundencia en su vigencia, debe ser asumida y no impuesta. Esto último solamente es alcanzable con el uso de una poderosa herramienta: la educación.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que las alteraciones de orden en el espacio público que se expresan a través de lo que denominamos "inseguridad" requieren siempre el abordaje normativo y el ejercicio de poder para su cumplimiento, junto con la atención del estado de dignidad humana posiblemente involucrado y las carencias educativas que desvalorizan el orden social. Las tres acciones son irrenunciables.

No se puede justificar con la indigencia la pasividad del Estado frente a las alteraciones del orden en el espacio público, de la misma manera que no es aceptable establecer normas que ignoren la indigencia del entorno y renuncien a la educación, apelando a la simple imposición. Las acciones llevadas a cabo por las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, en relación a la atención de "naranjitas" y "limpiavidrios", muestran que es posible el intento de ordenar el espacio público teniendo en cuenta las necesidades de los actores involucrados.

La informalidad, como acción de las personas en el espacio público no sujeta a normas y controles, es inadmisible por cuanto puede implicar violación de derechos de terceros y esconder la soterrada acción de las más diversas formas del crimen organizado, transformando a sus humildes actores en víctimas.

Los más débiles son los que más precisan del orden en el espacio público, y el mismo debe ser logrado por la acción de un Estado que establezca normas, que vele diligentemente por su cumplimiento, que al mismo tiempo atienda las indigencias que empujan a personas a ser protagonistas de las alteraciones, que emita mensajes y dé testimonios claros en pro de educar para el aprecio de la buena convivencia bajo el amparo de la ley.

Temas