Este miércoles, una escuela de la ciudad de Córdoba no abrió sus puertas. Sobrepasados por la inseguridad y la violencia que padecen desde hace tiempo, la comunidad educativa del Ipem 176 Granadero José Márquez, ubicado entre los barrios Ciudad Evita y San Javier, en la periferia sudeste, decidieron que las condiciones no estaban dadas para que los alumnos estén a resguardo allí adentro.
El martes, un grupo de jóvenes externos al colegio ingresó y sacó por la fuerza a un alumno. Lo llevaron afuera y lo golpearon hasta dejarlo casi desnudo. Cuando una docente y un preceptor intentaron intervenir para evitar la golpiza, también recibieron trompadas.
Luego, cuentan en la zona, otro grupo de jóvenes, algunos armados, llegó hasta el frente de la escuela para intentar vengar lo que acababa de suceder.
En ese marco, este jueves se realizaron asambleas entre padres de los alumnos, directivos del colegio y personal del Ministerio de Educación de la provincia. Mientras tanto, la institución sigue sin clases.
La situación lejos está de haber sido una excepción. En mayo, el director de la escuela, Claudio Cossi, relató una alarmante seguidilla de robos: a un docente le sacaron la moto que tenía estacionada en un patio, otro sufrió la sustracción de su celular y, además, fue necesario suspender las clases porque también se habían robado los caños del agua. Esta última situación se repitió ahora.
En aquel momento, el director contó que un delincuente había ingresado en el establecimiento durante el dictado de clases y sustrajo los caños de agua, dejando a toda la institución sin el vital servicio. Al ser descubierto por el personal escolar, el delincuente emprendió la fuga, agrediendo con piedras y objetos contundentes a un docente y ocasionando daños a la luneta de un automóvil perteneciente a un preceptor.
“Todo pasó en menos de un minuto, tenemos una gran sensación de inseguridad. Ya robaron motos, llaves de paso y los flexibles de los garrafones de gas. Pedimos custodia permanente pero no nos escuchan, nos dieron una alarma comunitaria pero no está resultando, los robos en la zona siguen aumentando”, dijo el director en aquel momento.
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Su reclamo era patético, por la angustia que exudaba: que volviera un policía a la puerta.
A dos meses, lejos de mejorar, la situación se agravó.
Llegar a Ciudad Evita, una ciudad dentro de otra ciudad, significa viajar del sueño a la pesadilla. El pórtico de ingreso, al que varias veces las gestiones municipales amagaron con derrumbar, porque marca una frontera dentro de la ciudad, hoy es mucho más que un símbolo.
En 2004, todo era propaganda alrededor de este barrio emplazado en el sudeste de la ciudad de Córdoba, a un costado de la zona en la que la avenida Sabattini se amalgama con la ruta nacional 9 norte. El entonces gobernador José Manuel de la Sota inauguraba el comienzo de una de sus políticas sociales más ambiciosas: 574 familias de tres villas miseria de esa zona de la ciudad comenzaban a vivir como siempre lo habían anhelado. Casas multicolores de material, asfalto, cordón cuneta, iluminación pública, una planta de cloaca, plazas, posta policial, dispensario, escuelas y hasta un centro comercial.
Pero 19 años después, todo se volvió demasiado gris.
Reclamos de familiares de alumnos en el colegio Ipem 176.
La plaza principal está vacía. Los chicos ya no saben salir a jugar a la calle. Sí saben que cuando se oye un balazo, deben correr dentro de la casa y refugiarse en la pieza más alejada de la vereda. Saben, también, que la inseguridad no es una sensación.
Es un barrio de trabajadores. De sobrevivientes. Que hace tiempo quedaron rodeados por una minoría que les marca las reglas de vida.
Hoy, llegar a Ciudad Evita significa toparse con un anillo de miseria a sus alrededores. Las promesas del barrio quedaron estancadas en los sueños de aquel 2004. Pero el tiempo, implacable, no esperó. Los niños crecieron y formaron sus propias familias. Llegaron otros vecinos nuevos. Y más generaciones se amontonaron.
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Casas precarísimas, al lado del río de cloaca. Familias hacinadas en paredes de cartón y chapas que se vuelan al primer viento. El dispensario funciona bajo llave. Y el centro comercial, al lado de la comisaría, quedó reducido a la nada. Los delincuentes se llevan todo: arrancaron cables, bombillas, canillas, caños, mesadas, portones, rejas y hasta realizaron boquetes para seguir saqueando. Todo se reduce y se vende a cambios de unos pocos pesos. La sombra de la droga explica mucho sobre esta proliferación delictiva.
Los tentáculos del narcotráfico parece ser lo único que aumentó en todo este tiempo. Incluso, aunque nadie se atreva a denunciarlo en voz alta, en el interior del Ipem 176 los empleados vienen observando, con mucha preocupación, cómo los adolescentes que llegan a esos pasillos comienzan a mostrar movimientos muy similares a los que ejecutan los "tranzas" cuando se pasan un papel de cocaína o un porro.
Informe de Juan Pablo Viola y Juan Federico.
