Periglaciares: de la prohibición total por las dudas, al "veamos que hay"

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Por Adrián Simioni

Lo que empezó a discutirse en el Congreso de la Nación no es un detalle técnico ni una reforma menor. Es una discusión que atraviesa el modelo productivo, el reparto de poder entre la Nación y las provincias y, en última instancia, la forma en que la Argentina decide usar —o no— sus recursos estratégicos.

Aunque la mayoría de los titulares hablan de “reformas a la ley de glaciares”, la realidad es otra. Los glaciares, en el sentido clásico de la palabra —el Perito Moreno y los grandes bloques de hielo— no están en debate. Lo que se pone sobre la mesa es la regulación de los ambientes periglaciares, una categoría mucho más difusa, compleja y, hasta ahora, tratada con una lógica de prohibición total.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 en pleno auge del kirchnerismo y bajo una fuerte influencia del ambientalismo, estableció una veda absoluta para cualquier tipo de actividad en glaciares y periglaciares. El problema es que estos últimos no son una realidad homogénea: pueden ser zonas que rodean glaciares, áreas donde hubo glaciares en el pasado o lugares con hielo subterráneo entre rocas, con impactos muy distintos sobre el recurso hídrico.

Hasta ahora, la definición de qué es glaciar y qué es periglaciar quedó en manos de un instituto nacional integrado por científicos, que elaboró un inventario de unos 17.000 sitios a lo largo de la cordillera, en gran medida a partir de imágenes satelitales. En todos ellos rige la prohibición de operar. Sin excepciones. Sin inspecciones en terreno. Sin participación directa de las provincias, pese a que los recursos del subsuelo les pertenecen constitucionalmente.

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Ahí aparece el reclamo de gobernadores y del sector minero: ¿Puede un organismo nacional, con criterios técnicos discutibles y sin control local, definir de manera taxativa dónde no se puede producir? Más aún cuando en países como Chile, Perú, Bolivia, Canadá o incluso en la Unión Europea la minería en zonas periglaciares está permitida bajo controles estrictos y estudios específicos en el terreno.

La propuesta que empieza a circular no es abrir la cordillera sin reglas. Es pasar del "prohibido por las dudas" al "veamos qué hay". Permitir evaluaciones presenciales, distinguir dónde hay riesgo real para el agua —recurso estratégico indiscutible— y dónde no, y sumar a las provincias al proceso de control ambiental y autorización.

El dilema no es menor. ¿A quién creerle? ¿A un ambientalismo que en la Argentina supo bloquear inversiones con argumentos que luego se relativizaron, como ocurrió con el glifosato? ¿O al lobby minero y a los gobernadores, claramente interesados en explotar recursos que el país necesita para crecer?

Esa es la discusión de fondo. No es técnica, es política. Y define mucho más que una ley: define qué tipo de desarrollo está dispuesto a darse la Argentina y quién tiene la última palabra sobre su territorio.

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