Empleados públicos: ¿Llega la hora de que sean como los privados?

Sergio Suppo

Cada año, alrededor del 10% de la administración pública se retira por jubilación. Este dato nos lleva a reflexionar sobre el futuro del empleo público en Argentina, especialmente en el contexto del gobierno de Javier Milei, que ya despidió a 38.000 empleados en 2024. 

Durante su presidencia, se rompió una creencia arraigada: que los empleados públicos no pueden ser despedidos. Milei aplicó lo que se conoce como la "motosierra" en diversas áreas de la administración pública nacional, afectando principalmente a empleados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se han cerrado ministerios y secretarías.

En este contexto, surge una pregunta crítica: ¿Cuántos asesores del anterior gobierno fueron reemplazados? La cifra de asesores suele ser un tema oscuro, utilizado para encubrir la militancia política. 

Mi percepción es que, a diferencia de la administración de Alberto Fernández, el actual gobierno parece ser más estricto en este aspecto. Sin embargo, esta situación tiene un impacto directo en los problemas que enfrentan los vecinos de la ciudad de Córdoba, donde los paros del sindicato de municipales, el Suoem, se vuelven recurrentes.

Esta mañana, Emanuel Manitta reflejó al aire de Cadena 3 el sufrimiento de quienes intentan acceder a turnos en dispensarios y hospitales municipales. La semana pasada, se mostraron los problemas con los ITV y los carnés de conducir. 

Los trabajadores del Suoem están de paro, argumentando que buscan pasar a planta permanente a un número significativo de empleados contratados. Pero, ¿Por qué existe este problema? ¿Qué pasaría si la Municipalidad dejara de tener empleados contratados? ¿A quién haría paro el Suoem? Esta situación plantea interrogantes profundos sobre la estructura del empleo público en Córdoba y en el resto del país.

En estos días, observamos cómo las municipalidades y provincias aplican aumentos impositivos significativos. Estos aumentos, en el mejor de los casos, solo replican la inflación y los índices salariales en un país donde la población lucha por llegar a fin de mes. 

El Gobierno nacional mencionó una mejora en los ingresos, pero también es cierto que los gastos fijos de las familias aumentaron considerablemente, incluyendo impuestos y tarifas de servicios como la luz y el gas.

Me pregunto si la Municipalidad de Córdoba no tiene un exceso de empleados. Tal vez, si se revisara la cantidad de contratados, no enfrentaríamos estos conflictos. Esta problemática no solo se limita a Córdoba, sino que se extiende a muchas provincias. 

En ocasiones, los empleados contratados se ven obligados a trabajar porque aquellos con planta permanente no lo hacen. Esto revela una hipocresía en la percepción de la productividad entre contratados y permanentes.

El gobierno de Milei empezó a medir la capacidad de los empleados públicos mediante pruebas. Algunos no han pasado los exámenes, lo que podría resultar en despidos, algo que en el sector privado es común. 

Sin embargo, en el ámbito estatal, esta práctica fue históricamente mal vista. Tal vez sea el momento de equiparar los niveles de productividad del sector público con los del privado, para evitar que los gremios acepten la contratación y luego generen conflictos.

Es un tema complejo. La protesta del Suoem podría ser diferente si se implementaran pruebas para evaluar la efectividad de los empleados. Nos hemos acostumbrado a la idea de que los empleados públicos no podían ser despedidos, pero eso ha cambiado. En este sentido, se hace necesario que el Estado no mantenga un número excesivo de empleados que no cumplen con sus funciones efectivamente.