El juzgamiento al terrorismo montonero: la brecha entre el discurso y los hechos

Sergio Suppo

El martes, en un acto que fue convocado, había invitados con bastante antelación en el Senado de la Nación. Hubo un discurso de la vicepresidenta Victoria Villarruel respecto de un tema que es la que le hizo conocida por su actividad pública.

Victoria Villarruel desde hace casi 20 años es la titular del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas. Entonces, en su condición de vicepresidenta hizo un homenaje a las víctimas del terrorismo, de las personas que fueron asesinadas por los guerrilleros en la década del 70 y dejó una frase que abrió una expectativa que me parece se va a apagar más rápidamente que las palabras de la propia vicepresidenta.

Dijo Villarruel "reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo porque para que se haga justicia y que es la que debe hacer justicia en más de 20 años que no la hizo". O sea, está diciendo que van a ser juzgados los guerrilleros, los montoneros, los miembros del ERP de hace más de 50 años. Esta es una larga historia.

Villarruel recién llega a la vicepresidenta de la Nación, aunque, como digo, tiene una trayectoria bastante larga en el estudio de este tema, al punto de que a su centro de estudios se debe la recopilación de datos que el Estado no había sistematizado respecto de quienes habían muerto a manos de montoneros y del ERP.

Entonces, se puede saber hoy, con nombre y apellido y circunstancia, quiénes murieron entre 1969 y 1979. 1.094 personas. 2.368 heridos, hubo 758 personas secuestradas. De ese total de muertos, 29 eran menores, hubo 4.380 atentados con bombas. Asesinaron, de los 1.094, 653 militares y policías.

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Son datos que, insisto, están en los informes y en los archivos públicos del Centro de Estudios Legales. Esto forma parte de la historia. Ahora, hacer justicia ahora es difícil. Yo no voy a decir imposible, pero es difícil. Aunque lo plantee la mismísima vicepresidenta de la Nación porque tiene que cambiar la ley. Es complejo desde el punto de vista legal, pero lo vamos a decir rápidamente.

Los delitos de lesa humanidad en la Argentina son considerados los cometidos desde el Estado en contra de las personas. Entonces, el terrorismo de Estado que hubo en la Argentina, lo que se conoce como la represión ilegal, son delitos que no prescriben, que no vencen nunca. Que pueden ser perseguidos hasta el día que esa persona, objeto de una investigación, se muera. No termina nunca. Se puede juzgar en cualquier momento, aunque haya pasado como ahora 50 años.

Los delitos de los guerrilleros en la Argentina, del ERP y de montoneros, son considerados delitos penales graves, pero que prescribieron a los 15 años. Ahora, como la historia es larga y uno no puede desayunarse ahora sin acordarse de lo que pasó, hay que decir que durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando regresó la democracia, instó la investigación y el juzgamiento de los militares acusados por la represión ilegal y de las cúpulas de montoneros y del ERP. Y avanzó la Justicia.

En 1990, el presidente Carlos Menem, el sucesor de Alfonsín, indultó a las cúpulas militares y a las cúpulas de los guerrilleros. Luego vino el gobierno de Néstor Kirchner en 2003 y rehabilitó, porque derogó el indulto de Menem, derogó la Ley de Obediencia de Vida y Punto Final, y rehabilitó los juicios de lesa humanidad, por los cuales han sido juzgados y condenados decenas de represores que eran parte del Estado. Militares, policías, personal civil de las Fuerzas Armadas, etcétera.

Frente a planteos de víctimas o de familiares de víctimas del terrorismo, la Justicia ha rechazado y ha dicho que los delitos están prescriptos. Hay un caso, por ejemplo, que sigue vivo, porque los familiares lo siguen instando, que es el caso del atentado perpetrado por Montoneros, en 1976, en el comedor de la Policía Federal, donde murieron 23 personas y hubo 60 heridos.

Por ese atentado, son investigados Mario Firmenich y el periodista (para decir de alguna manera periodista) Horacio Verbitsky. La Sala 1 de la Cámara Federal porteña tiene que resolver, si no es que habilita un juicio, sino que se habilita un juicio de la verdad.

¿Qué significa juicio de la verdad? Que una persona tiene derecho a que la Justicia reconstruya lo que pasó, aunque ya no se pueda condenar a nadie por eso. Pero la Justicia podría establecer que tal o cual persona es responsable de haber cometido tal o cual acto, que ya está prescripto judicialmente, no va a ir preso por eso, porque no va a haber condena.

Pero no estaría mal que haya juicios de la verdad, porque ya hubo otros juicios de la verdad en casos de delitos prescritos, para por lo menos terminar de completar un universo que el kirchnerismo siempre presentó en forma parcial, reivindicando a los guerrilleros, muchos de los cuales son desaparecidos y fueron víctimas de la represión ilegal también.

Pero ignorando a las víctimas del terrorismo, que como dije al principio, según el informe del Instituto de Villarruel, son 1.094, lo que dijo Villarruel ayer es un posicionamiento político, es la reafirmación de una posición que ella tenía desde hace muchos años. Que se lleve a la práctica es otra cosa y las opiniones que nosotros tengamos respecto de lo que pasó en los 70 es otra.

No es infinito el juzgamiento de las personas en el derecho de ningún país. Eso es lo que hace complicado y difícil que se persiga hoy penalmente a los verdaderos responsables de la guerrilla montonera y del ERP de fines de los 60, principios de los años 70.

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