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Resumen 3

Resumen 3

con Fernando Genesir

De lunes a viernes de 13:30 hs a 14:30 hs
Millonario fraude al Estado

Cuatro funcionarios bonaerenses detenidos por estafa

Son personas que trabajan en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). Los acusan de desviar fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales.

 
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Cuatro altos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense fueron detenidos este jueves en el marco de una causa que investiga una millonaria malversación de fondos públicos con tarjetas de débito de ese organismo que se utilizaban para cargar combustible en vehículos oficiales, informó una fuente judicial.

El vocero explicó que las detenciones ocurrieron tras una serie de allanamientos que se hicieron en La Plata y Berisso, en los que se secuestró dinero en efectivo, varios vehículos y embarcaciones deportivas, en la causa que instruye el fiscal penal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta.

La fuente precisó que los detenidos son Gustavo Chiamberro y Diego Burgos, jefes del Departamento Combustible y Automotores de la cartera educativa, acusados de los delitos de asociación ilícita y malversación de caudales públicos, y que en la causa hay otros dos funcionarios con pedidos de eximición de prisión.

La causa se inició el 26 de abril, cuando la Policía detuvo en un control policial a un hombre de 29 años, identificado como Walter Cejas, que trabajaba en una estación de servicio situada en la calle 44 y 31 de La Plata.

Vicente Ventura Barreiro, viceministro de Seguridad de Buenos Aires, dijo a Cadena 3: “Es una organización delictiva que estafó al gobierno de la Provincia en varios millones de pesos, a partir del desvío de fondos destinados a la carga de combustible de autos oficiales”.

“Esta banda fue totalmente desarticulada el día de ayer y la investigación se inició en abril mediante un control vehicular selectivo, donde el personal policial detuvo a una persona que tenía en su poder tarjetas de combustible a nombre de la Dirección General de Educación y Cultura y dinero en efectivo, y no pudo justificar ni el dinero ni la causa por la que tenía las tarjetas”, contó.

El fiscal Condomí Alcorta explicó que el hombre "se puso nervioso" y, cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía, se le cayeron 15 tarjetas de débito y 50.000 pesos en efectivo.

Los efectivos policiales comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales.

Además de la investigación judicial, la cartera educativa inició una serie de sumarios ante la sospecha de que puede haber más empleados involucrados en la maniobra.

Las fuentes sospechan que en la malversación podrían estar involucrados también otros empleados de la estación de servicio, ya que un día después de la detención de Cejas se suicidó el encargado general de ese comercio, Maximiliano Normann, de 44 años.

Según pudo comprobarse durante la pesquisa, funcionarios y empleados de la DGCyE bonaerense desviaban de forma periódica fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales.

De acuerdo a los voceros, además se constató que varias de las tarjetas correspondían a autos en desuso, que no habían sido dados de baja y estaban guardados en galpones, por lo que los gastos en combustibles y en repuestos se destinaban supuestamente a esos vehículos.

Para los pesquisas, dicho modus operandi no podía realizarse sin el aval de los jefes de área, ya que debían presentarse los comprobantes y rendir gastos, por lo que comenzaron a ser investigados el director de Servicios Generales, el subdirector de Transporte Terrestre, el jefe de Movilidad y el coordinador del área de Combustibles, todos funcionarios de la DGCyE.

"La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial", afirmó el fiscal.

Las fuentes indicaron que los montos destinados del erario provincial a las tarjetas ascendían de forma semanal desde 250.000 a un millón de pesos, por lo que el fiscal Condomí Alcorta, ante la magnitud de la estafa al gobierno provincial, pidió que se embargaran los bienes de las personas investigadas hasta tanto poder determinar el total del dinero sustraído.

Informe de Ariel Rodríguez.

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16 agosto 2019

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