El Gobierno de Mendoza deberá indemnizar a una niña que fue víctima de bullying
El Tribunal de Gestión Judicial Asociada N°2 dispuso que la Dirección General de Escuelas (DGE) le dé $4.500.000 a los padres de una nena de 11 años, que sufrió maltratos en un colegio púbico de Godoy Cruz.
24/06/2025 | 21:40Redacción Cadena 3
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Turno Noche
Un fallo judicial histórico conmueve a la comunidad educativa mendocina. La Dirección General de Escuelas (DGE) ha sido declarada responsable y deberá pagar una indemnización de cuatro millones y medio de pesos a los padres de una niña que, con sólo 11 años, sufrió bullying en una institución pública de Godoy Cruz.
La jueza Jorgelina Iérmoli Blanco, del Tribunal de Gestión Judicial Asociada N°2 de Mendoza, dictó la resolución a favor de la demandante por daño moral y gastos médicos. El fallo describe un patrón de hostigamiento persistente por al menos ocho meses.
La pequeña fue acosada sistemáticamente por un compañero de quinto grado, quien la insultaba, golpeaba y empujaba, además de realizar discriminaciones en redes sociales. Las agresiones escalaron, involucrando a su hermana mayor y a su padre.
A pesar de los reiterados pedidos de ayuda por parte de la familia, la escuela no aplicó medidas eficaces. La única respuesta institucional fue la confección de actas y llamados a la reflexión, sin activar los protocolos de intervención necesarios.
La situación alcanzó un punto crítico a fines de 2022, cuando la menor sufrió una crisis de angustia en el establecimiento y una lesión en una mano. Fue internada durante cuatro días en el hospital pediátrico Humberto Notti.
Tras el episodio, se recomendó la separación de turnos, pero la escuela sólo aplicó la medida a la víctima, dejando a los agresores en el mismo turno y curso, lo que profundizó su aislamiento social.
La pericia psicológica determinó que la niña padece un trastorno de ansiedad y depresión crónica, generando un 20% de incapacidad y un severo impacto en su autoestima.
La jueza enfatizó que la escuela falló en su deber de protección y que la responsabilidad recae en el Estado. No se necesitaba probar intención o negligencia, sino demostrar que el daño ocurrió bajo su control.
Esta sentencia, con perspectiva de derechos, se basa en el principio de interés superior del niño, amparado por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral.
Informe de Laura Carbonari.
