Pullaro: "Un delito de persona mayor debe tener condena de mayor"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, insistió en la necesidad de modificar el régimen de imputabilidad para casos de delitos violentos cometidos por menores y aseguró que se trata de una postura que sostiene desde hace años. “Cuando empecé a hablar de la baja de imputabilidad hace seis o siete años me enfrenté con todo el sistema garantista judicial y político”, recordó, al remarcar que ya planteaba esta discusión cuando era ministro de Seguridad provincial.

El mandatario subrayó que su posición no está atada a un caso puntual, aunque fue consultado por el impacto del caso Jeremías Monzón. “No es un tema coyuntural ni de agenda política; lo vengo planteando desde la dificultad que tiene el Estado para construir una política pública de seguridad y poder aislar de la sociedad a quienes cometen delitos violentos extremos”, sostuvo.

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Pullaro advirtió que las organizaciones criminales se aprovechan de las limitaciones legales actuales. “Vemos cómo se jactan de tener menores para cometer delitos violentos. El Estado no puede ser el Estado bobo”, expresó, y señaló que muchos jóvenes son cooptados como sicarios porque saben que no pueden recibir las mismas penas que un adulto.

Al mismo tiempo, destacó que la provincia desarrolla políticas de prevención e inclusión. Mencionó que 26.000 jóvenes participan del programa Nueva Oportunidad y que también se implementan iniciativas como Abre y Abre Familia, orientadas a la revinculación escolar y a la contención social. Según afirmó, estas herramientas contribuyeron a la baja de la violencia, aunque reconoció que hay casos de delitos graves que requieren otro abordaje.

Finalmente, el gobernador fue categórico al fijar su criterio: “La baja de la edad de imputabilidad no tiene que ser por edad, sino por delito”. Sostuvo que el homicidio está cultural y moralmente sancionado desde la niñez y que debe considerarse la intención o el dolo al momento de establecer penas. También se mostró dispuesto a exponer su postura en el Congreso si es convocado, al entender que las normas deben adaptarse a las nuevas formas de criminalidad organizada.

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