Paredes destacó que el foco de la ley es combatir los "quioscos" de droga

El ministro de Seguridad, Alejo Paredes, habló con Cadena 3 sobre la ley de lucha contra el narocotráfico que por unanimidad aprobó ayer la Legislatura de Córdoba, y que entrará en vigencia el 1 de diciembre de este año.

Paredes señaló que el foco de la ley está puesto en combatir la venta de drogas "al menudeo" y "los quioscos".

"Ahora a través de la Justicia provincial, con la creación de tres fiscalías específicas de lucha contra el narcotráfico, se pueda realizar la lucha contra lo que denominamos los quioscos. Eso nos dará una mayor velocidad para contrarrestar ese tipo de venta y dejar y apoyar el trabajo más complejo en manos de la Jusitcia Federal, para lo que serían los grandes ingresos de drogas que vienen de otros países", dijo Paredes.

También se creará un Juzgado de control que trabajará, junto con las tres fiscalías, específicamente contra el tráfico de estupefacientes.

La nueva ley comenzará a regir el 1 de diciembre de 2012, y se aplicará a los delitos cometidos a partir de esa fecha.

Los principales puntos de la ley aprobada son los siguientes:

Adhesión a la ley nacional: La provincia de Córdoba adhiere a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la ley nacional sobre tenencia y tráfico de estupefacientes (Nº 23.737) y sus modificatorias en los términos, condiciones y alcances previstos en la Ley Nacional Nº 26.052.

Composición del fuero: Se crea el denominado Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con sede en la circunscripción de Córdoba, que estará compuesto por un juzgado de control y por tres fiscalías cuyas estructuras serán determinadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General de la Provincia (FGP). En el interior provincial, la ley deja la posibilidad de crear secretarías específicas a criterio del propio TSJ.

Financiamiento: El Poder Ejecutivo de la Provincia requerirá a la Nación las transferencias presupuestarias "correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia". Hasta tanto se efectivicen los montos "el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente Ley".

Destrucción de la droga: Se realizará "a través del procedimiento que fije el TSJ y la FGP, conforme a los criterios de celeridad, transparencia y contralor jurisdiccional".

Control del tráfico de drogas: De manera coordinada, los poderes públicos dispondrán "un blindaje al ingreso y tránsito de drogas". A estos efectos, "se deberán efectuar controles vehiculares de cargas y equipajes, tanto en rutas de la Provincia, terminales terrestres de transporte de pasajeros y en las áreas de terminales aéreas de la provincia de Córdoba". La Provincia podrá adquirir los recursos tecnológicos y logísticos necesarios para llevar adelante estos cometidos.

Sustancias precursoras: El Ministerio de Salud controlará la comercialización de psicofármacos y de productos que puedan resultar aptos para la producción de cualquier tipo de estupefacientes.

Vigencia: La nueva ley comenzará a regir el 1 de diciembre de 2012 y se aplicará a los delitos cometidos a partir de esa fecha.

Fiscales de Instrucción: Se modifica el artículo 64 de la Ley Nº 7826 (Orgánica del Ministerio Público Fiscal) por la que el Fiscal de Instrucción podrá requerir órdenes de allanamiento al juez competente previa notificación al fiscal de instrucción.

Inspecciones preventivas: Se incorpora un artículo a la Ley Nº 9235 (Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba) por la que se permite a la Policía de la provincia "inspeccionar con finalidad preventiva", en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Distribución de bienes decomisados: Las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados se distribuirán de la siguiente manera:

El 40% a un Fondo Especial creado por la Ley Nº 8002

El 30% a un Fondo especial creado por la Ley Nº 7386 y modificada por Ley Nº 8326.

El 30% al Ministerio de Desarrollo Social o al organismo que asuma las funciones de contención y protección de las víctimas del narcotráfico.

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