La ex jueza de familia Alejandra Claudia Velázquez fue detenida en Valencia, España, acusada los delitos de "cohecho activo" y "falsedad en documento público". La Policía Nacional de ese país, junto a Interpol llevaron a cabo la detención tras una orden de arresto internacional emitida por la Justicia argentina y se estima que por esos delitos podría ser condenada a una pena de seis años de prisión.
Los antecedentes de la exmagistrada se remontan a 2015, cuando el Colegio de Abogados de San Isidro, inició una investigación contra Velázquez por alterar registros de firma, atentar contra órdenes judiciales, y una serie de inconsistencias e irregularidades en el juzgado donde se desempeñaba.
La investigación avanzó en una denuncia y luego en un jurado de enjuiciamiento contra Velázquez por irregularidades que tenían que ver principalmente con la falta o ausencia de la magistrada en el juzgado.
Guillermina Soria, actual presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro, explicó a Cadena 3 que los colegas comenzaron a denunciar que la jueza "no estaba nunca" y "retrasaba los despachos". "Pusimos a la maquinaria de control de gestión de la corte ante una denuncia a trabajar y eso nos llevó a la plena convicción de que ahí había una cantidad de irregularidades que iba por encima de esta adulteración", detalló.
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El desenlace de la investigación llevó al Colegio de Abogados de San Isidro a pedir la destitución y durante el juicio, las asistentes sociales del juzgado que integraban el equipo técnico, revelaron que "la magistrada con anterioridad las había convocado a su despacho y les había sugerido que salieran por los barrios vulnerables de Pilar, que era donde tenía asiento el juzgado, a buscar "panzas", porque decía que había mucha gente en estado de situación de vulnerabilidad y muchos matrimonios que estaban en condiciones de adoptar".
Soria señaló que estas declaraciones desembocaron luego en una investigación penal, ya que el jury "sólo tenía por objeto destituir a la jueza". No obstante, esos testimonios fueron remitidos a la justicia ordinaria y a la causa que implicó la detención de Velázquez en España.
Si bien la "venta de bebés", no quedó probada en el jury porque no era materia de investigación en ese momento, Soria señaló que sí se comprobó que Velázquez "le había pedido esto al equipo técnico de su juzgado", además de una "cantidad de irregularidades en el registro de adoptantes, donde aparecían personas en condiciones de adoptar que no estaban en el orden del registro".
"Algunas de esas adopciones se dieron en tiempo récord en familias que no estaban en el orden en el registro de adoptantes correspondiente, familias que provenían de un registro de adoptantes diferente del juzgado", precisó.
"La actividad del Colegio llegó hasta la destitución de la jueza por el mal desempeño, el proceso penal y los tipos penales deben ser probados ante la justicia ordinaria", aclaró Soria.
Sobre la adulteración de documentación y falsificación ideológica, Soria aclaró que en medio de este escándalo, se comprobó que la jueza estuvo 200 días fuera del juzgado, pero que aparecía firmando como si estuviera presente.
"Hay sentencias firmadas que aparecía como presente, pero obligaba a los empleados del juzgado a trastocar ese orden de asistencia en el juzgado y los obligaba a ponerle presente cuando ella se encontraba de viaje. Eso está probado en el entrecruzamiento de datos con migraciones, donde centenares de expedientes fueron firmados por la jueza cuando no se encontraba en el país", reveló.
Venta de bebés
El otro delito que se le imputa a Velázquez es el cohecho activo por haberle pedido a las asistentes sociales que salieran a "buscar panzas" bajo la condición de ella proponerles alguna retribución.
Según Soria, esto aún es materia de investigación, porque la orden de detención que se libró a nivel internacional fue consecuencia de que cuando la fueron a buscar para notificarla de la imputación de estos delitos no la habían encontrado en su domicilio y se dan con que había salido del país.
Mal desempeño
Soria remarcó que "el mal desempeño de cualquier magistrado reviste una gravedad institucional importantísima porque se aparta de las mandos de la Constitución y porque mal utilizan la llamada estabilidad en el cargo como un privilegio personal y no como una garantía para los individuos".
En ese sentido, indicó que las adopciones y cambios en el registro de adoptantes que manejaba la jueza, están llenos de irregularidades.
"Esta magistrada intervino en cientos, en miles de expedientes en donde se debatió cuestiones de familia, donde había régimen de visita, o cuestiones de alimentos. Hay expedientes en donde había menores en situación o en calidad de internados en algunas instituciones y la magistrada no los visitaba, llegaban a la mayoría de edad sin haber tenido nunca contacto con la jueza que los tenía a su cargo", lamentó.
Soria señaló que el Colegio de abogados de San Isidro tiene "el triste récord de ser el colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires, que más jueces ha acusado y eventualmente destituido".
Entrevista de Miguel Clariá
