Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados inició este martes, con la presencia de especialistas, el debate en torno a la reforma al Consejo de la Magistratura impulsada por el oficialismo, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.
La Cámara baja inició pasadas las 14.30 la ronda de consultas con expertos, invitados a propuesta de todos los bloques parlamentarios, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (FdT), y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT).
Al iniciar la reunión, Tailhade felicitó a la diputada radical Rosana Reyes (UCR-Santa Cruz), luego de que la Corte Suprema aceptara su designación como integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Congreso junto con el senador Martín Doñate, quienes jurarán el jueves en sus funciones.
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Al abrir la lista de expositores, el rector de la Universidad de José C. Paz, Darío Kusinsky, consideró que "no resulta admisible contemplar la integración del Consejo por parte de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o al menos si lo integran que sea elegido en el seno del propio órgano".
Fuentes de la Cámara baja no descartaron que, como parte del debate, puedan incorporarse algunas modificaciones al proyecto, con el objetivo de alcanzar mayores consensos hacia un dictamen y posterior debate en el recinto, donde son necesarios 129 votos para aprobar una ley derivada de la Constitución Nacional, que requiere de una mayoría especial (la mitad más uno de los 257 miembros del cuerpo).
Una fuente del Frente de Todos consultada, afirmó que "siempre hay margen, esos cambios no tienen que desvirtuar el espíritu del proyecto y tienen que traer votos para conformar una mayoría de 129. Primero vamos a escuchar en las reuniones a los especialistas".
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De hecho, el bloque oficialista cuenta con 117 diputados -ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no vota y sólo lo hace en caso de empate-, con lo cual necesita una docena de votos más para llegar a los 129.
Ante ese escenario, el oficialismo deberá intentar establecer acuerdos con el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Ser para lograr avanzar con la reforma.
Las fuentes adelantaron que el FdT podría tener el respaldo de los cuatro legisladores de Provincias Unidas, uno de Ser y uno del MPN, aunque todavía necesitaría seis votos más para alcanzar los 129.
De modificarse el texto, el proyecto deberá volver al Senado que tendrá que avalar o no los cambios efectuados por la Cámara baja.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.
El proyecto eleva de 13 a 17 el número de integrantes y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.
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De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.
En esa resolución, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que estableció una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.
El plazo expiró el 15 de abril sin que el oficialismo pudiera poner el tema en debate, entre otras cuestiones, por la falta de conformación de las comisiones mencionados.
Por esa razón, el Consejo de la Magistratura empezó a estructurarse el mes pasado con la composición de 20 integrantes, algunos de los cuales ya se incorporaron al organismo -entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti-, pero todavía resta que el máximo tribunal establezca la fecha de jura de dos legisladores designados.
