¿Qué hacemos con la discriminatoria estabilidad del empleado público?

Adrián Simioni

El presidente Javier Milei tiró ayer otra piedra en el estanque: dijo que se apresta a despedir a 70 mil empleados estatales. Después se aclaró que serán entre 10 mil y 15 mil contratados cuyos contratos vencen el domingo. Serán 70 mil sumados a los 50 mil que según Milei ya se fueron.

ATE, uno de los sindicatos estatales, ya está en pie de guerra. Su jefe, Rodolfo Aguiar, dijo que Milei no podrá hacerlo. Y que eso significa echar a la mitad de los estatales. No es así. Sólo la administración pública nacional tiene casi 600 mil empleados. Faltan empresas estatales, organismos autónomos, entes descentralizados, por no hablar de provincias y municipios que es donde está el grueso de los estatales. Según la OIT el 18% del empleo argentino es estatal. En Chile son el 9,4%. En Brasil el 12%. Ninguna de estas estadísticas es muy confiable pero dan una idea.

La cuestión traerá a la luz otra vez una de las peores discriminaciones que contiene la Constitución Nacional. El artículo 14bis, incluído por la dictadura de la Revolución Libertadora en 1956, dice que las leyes deben asegurar “la estabilidad del empleo público”. Esto buscaba impedir que los empleados públicos fueran echados por motivos partidarios e ideológicos por cada gobierno, algo que era común. Pero la Justicia (formada en su totalidad por los propios empleados públicos) interpretó esto como que es imposible despedir a un empleado público. Es lo mismo que pasó con los propios jueces, que interpretaron mal y a sabiendas, con cinismo, la garantía constitucional que declara intocables sus sueldos –algo pensado originalmente para que un presidente no pudiera obligar a renunciar a tal o cual juez simplemente no pagándole el sueldo, algo común en 1853 cuando se dispuso esa garantía- para no pagar el Impuesto a las Ganancias. Una vergüenza.

En efecto, en 2007, la flamante Corte Suprema instalada por Néstor Kirchner, en un fallo que obligó a tomar de nuevo a una empleada de la aduana despedida en 1996, pagándole todos los sueldos acumulados. Esto a pesar de que en la Aduana se había firmado un convenio colectivo permitiendo el despido con indemnización y a que la mujer había cobrado la indemnización. O sea que para la Corte argentina alguien que cualquier político hace entrar al Estado porque se le canta sólo puede ser despedido con justa causa, es decir, prácticamente si comete un delito. No puede ser despedido porque ya no sea necesario para ninguna tarea, porque su tarea haya perdido sentido, porque no sirva para el trabajo que tiene que hacer o porque el Estado consigue a alguien mejor. No puede ser despedido ni siquiera con indemnización, ni siquiera si el convenio laboral lo admite. Es una locura completa inexistente en cualquier lugar civilizado, sólo es posible en un Estado colonizado por corporaciones como el nuestro. En cualquier estado estadounidense por ejemplo se contratan y se echan empleados según se necesitan. El derecho es de los ciudadanos, no de sus empleados. Por ejemplo si hay un profesor mediocre de física y aparece Einstein que se ofrece a dar clases, no se lo puede reemplazar.

Esta esa la base de una poderosa máquina de fracasar, sirve para estimular en forma sistemática la indolencia y la ineptitud. Pero sobre todo constituye una brutal discriminación. Los empleados que trabajan en el sector privado no gozan del mismo derecho (sería imposible, no habría directamente empleo privado), pese a lo cual ellos tienen que generar la riqueza de donde salen los impuestos con los que se pagan los sueldos de la casta estatal privilegiada.

¿Soluciones? Una, que la Corte vuelva a fallar y anule esta grotesca discriminación. Uno solo de los jueces que firmaron aquel fallo de 2007 está activo: Ricardo Lorenzetti. Tal vez Rosatti, Ronsenkrantz y Maqueda piensen de otro modo. Otra alternativa es que el Congreso dicte una ley aclarando la cosa. La Constitución dice que todos sus derechos regirán según la ley que los reglamente. Tienen que animarse nuestros diputados a dejar de discriminarnos. Si nada de eso es posible, entonces hay que congelarles los salarios al infinito. Hasta que ya no tenga sentido que vayan a trabajar. Por ejemplo estos empleados que ninguno de nosotros necesita, que ninguno de nosotros contrataría jamás y a los que se refirió el presidente de Diputados, Martín Menem: empleados de una de las dos áreas de Ambiente de Diputados (porque tiene dos), que se dedican a medir la huella de carbono de la cámara. Sentime, Rodolfo: ¿podés creer?

Es lamentable y nadie desea que nadie quede sin empleo. Pero eso es lo que hace cualquiera de nosotros cuando lamentablemente pierde el trabajo. Los afectados buscarán otro empleo en el sector privado. Y en lugar de un consumidor de impuestos tendremos un nuevo pagador de impuestos, que es lo que necesita el Estado. Si no, habrá que seguir emitiendo inflación para siempre para seguir manteniendo cosas que nadie necesita.