Uruguay facilitará el acceso a archivos de la dictadura para hallar desaparecidos

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Uruguay informó el miércoles que se permitirá el acceso sin restricciones a archivos oficiales que contienen información sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1985. Esta iniciativa busca facilitar la localización de estas personas.

La decisión se deriva de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), permitiendo a los investigadores acceder a documentos que hasta ahora habían estado restringidos.

El MEC proporcionará "acceso irrestricto" a archivos que se consideren relevantes, según el criterio de la INDDHH, tal como se indicó en un comunicado oficial.

La presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, destacó que este convenio representa "un cambio sustantivo" en el acceso a los archivos, ya que los investigadores podrán acceder directamente, sin necesidad de intermediarios.

"Los investigadores también tendrán la oportunidad de acceder a otros documentos relacionados que puedan surgir durante la investigación, lo que permitirá un acceso amplio a la información bajo la órbita de estas dependencias del Ministerio", agregó Mota.

Durante el período de la dictadura uruguaya, se registraron 197 personas como detenidas y desaparecidas, según la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia. Muchos de estos casos están vinculados a la Operación Cóndor, una estrategia de represión coordinada entre dictaduras sudamericanas, apoyada por Estados Unidos, que buscaba eliminar a opositores políticos.

Hasta la fecha, se han encontrado los restos de ocho personas en Uruguay. En 2024, se confirmó que los restos hallados en 2023 pertenecían a Amelia Sanjurjo Casal, militante del Partido Comunista desaparecida en 1977, y que fueron localizados en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14. Posteriormente, en el mismo lugar, se hallaron los restos de otro sindicalista comunista, Luis Eduardo Arigón Castel.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció durante la firma del convenio que se designará a un funcionario para supervisar su cumplimiento y que los investigadores tendrán acceso directo a datos digitalizados. "El convenio abarca años que forman parte de nuestra historia reciente y que exigen una respuesta del Estado", afirmó Mahía, quien añadió que este acuerdo representa un esfuerzo de cooperación, transparencia y compromiso democrático, "con la convicción de que la verdad es una tarea colectiva del Estado".

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