Texas implementará verificación de estatus migratorio para licencias profesionales

Las personas que deseen obtener licencias profesionales en Texas, abarcando desde electricistas hasta criadores de perros, tendrán que comprobar su legalidad migratoria a partir del 1 de mayo, tras la aprobación de una nueva norma por parte de la Comisión de Licencias y Regulación del estado. Este cambio podría impactar a miles de trabajadores en diversas industrias.

La decisión fue adoptada por unanimidad después de escuchar a numerosos oradores que expresaron su preocupación sobre cómo esta medida podría afectar la economía del estado e incrementar las dificultades para los inmigrantes que buscan trabajar de manera legítima. Muchos oradores advirtieron que esta nueva norma podría llevar a que personas trabajen sin licencia, lo que a su vez erosionaría la supervisión estatal en sectores esenciales.

La Comisión de Licencias y Regulación supervisa el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), el cual implementará esta norma en un esfuerzo por alinearse con la legislación federal. "El TDLR ha estado evaluando la verificación de elegibilidad para licencias conforme a la ley federal. Este avance asegura prácticas coherentes y seguras en todos los programas y fortalece nuestra capacidad para identificar y prevenir el fraude y la explotación laboral", afirmó Caroline M. Espinosa, portavoz del TDLR.

A pesar de la intención de la agencia de cumplir con el estatuto federal, el abogado del TDLR, Derek Burkhalter, aclaró que algunos no ciudadanos podrían aún obtener licencias si cumplen con ciertos criterios establecidos por la ley federal. Las personas pueden calificar para beneficios si, por ejemplo, han recibido asilo o han sido admitidas como refugiadas.

Las nuevas normas no exigen ciudadanía, pero sí documentación que demuestre la elegibilidad. El TDLR sostiene que la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 prohíbe que quienes se encuentren ilegalmente en el país reciban licencias profesionales, salvo que califiquen para excepciones. Los documentos requeridos para solicitar una licencia serán publicados en el sitio web del TDLR.

Este cambio se suma a las iniciativas de otras agencias estatales que han endurecido sus políticas migratorias desde la llegada del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Pública de Texas dejó de emitir licencias de conducir comerciales a muchos no ciudadanos.

Las consecuencias de esta norma todavía no son del todo claras. Se estima que aproximadamente 1,7 millones de personas indocumentadas residen en Texas, muchas de las cuales trabajan en sectores cruciales como la construcción y la hotelería. La preocupación por el impacto en la fuerza laboral es palpable, con estimaciones que sugieren una posible reducción del 8% al 10% en la disponibilidad de mano de obra calificada.

Los funcionarios del TDLR indicaron que la agencia emitió más de un millón de licencias en el último año fiscal, y menos del 2% de estas licencias no estaban asociadas a un número de Seguro Social. Sin embargo, la agencia no puede asumir que todas esas personas infringen la ley federal, dado que existen programas que permiten a los no ciudadanos vivir y trabajar legalmente en el país.

La inquietud entre los trabajadores y empresarios es palpable. Muchos oradores en la reunión del TDLR destacaron que ya existen requisitos estrictos para obtener licencias en diversas profesiones. Rocio Gomez, una educadora de belleza, compartió que sus estudiantes indocumentados se sienten angustiados por la incertidumbre que genera esta normativa. La falta de acceso a licencias podría empujar a muchos a trabajar en la informalidad, lo que generaría un aumento en la competencia desleal y un riesgo de servicios sin supervisión adecuada.

Por su parte, el portavoz del gobernador Greg Abbott celebró la decisión, argumentando que no se deben recompensar a quienes ingresan ilegalmente al país. Sin embargo, la senadora estatal Sarah Eckhardt criticó la medida, sugiriendo que podría resultar en una significativa pérdida de mano de obra calificada.

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