Polémica en Colombia por decreto de Petro sobre consulta popular rechazada por el Senado

BOGOTÁ (AP) — La convocatoria hecha por el presidente colombiano Gustavo Petro para realizar una consulta popular mediante un decreto acerca de reformas laborales, ha generado un amplio debate en Colombia sobre la legalidad de tal acción. La ley del país estipula que es necesario un pronunciamiento del Senado antes de convocar a dicha consulta, algo que ocurrió el 14 de mayo, cuando los senadores votaron 49 a 47 en contra de la propuesta. Sin embargo, el gobierno decidió desconocer este resultado alegando que hubo "fraude" y errores en el procedimiento de votación.

Petro justificó su decisión afirmando que el Senado no se pronunció explícitamente, lo que le permitiría proceder con el decreto. En su cuenta de X, anteriormente Twitter, comentó: "El Senado no hundió la consulta popular. No se leyó sobre qué votaron los senadores y eso es un requisito indispensable según la ley. Si pasan 30 días sin tomar decisión, queda facultado por ley, el presidente de la república para decretarla”.

Reformas propuestas y rechazo de la oposición

La consulta busca que los ciudadanos decidan sobre reformas que incluirían una jornada laboral de ocho horas terminando a las 6 de la tarde, aplicar recargos del 100% para horas trabajadas en domingo, priorizar contratos a término fijo y que los trabajadores de plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y prestaciones sociales.

Ocho partidos de oposición han rechazado esta convocatoria, tildándola de inconstitucional y advirtiendo que la decisión de no aprobar la consulta debe ser respetada. El comunicado, firmado por partidos como Cambio Radical y Centro Democrático, enfatiza que la acción del gobierno sería una violación grave a la Constitución.

Argumentos a favor y en contra de la legalidad del decreto

Desde la perspectiva del Pacto Histórico, la decisión del presidente es válida y necesaria, argumentando que es una respuesta a un bloqueo institucional que impide a la ciudadanía pronunciarse. Sin embargo, existe un debate jurídico sobre la viabilidad del decreto, que podría ser impugnado. El exfiscal Eduardo Montealegre, quien respalda al gobierno, sostiene que el Senado incurrió en vicios de inconstitucionalidad, permitiendo que Petro proceda con la consulta.

Por otro lado, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry argumenta que la falta de consenso previo en el Senado impide que Petro tenga la autoridad para convocar la consulta. Charlando con la prensa, Charry afirmó que a pesar de esto, la consulta podría realizarse antes de que un tribunal emita un fallo si logra superar el umbral de participación necesaria, que corresponde a más de 13 millones de votos, o un tercio del censo electoral.

Además, se indica que la Registraduría Nacional podría negarse a organizar la votación alegando que no se cumplen los requisitos constitucionales. Este enrevesado conflicto entre el gobierno y el Senado pone de relieve la tensión actual en el panorama político colombiano.

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