La resistencia de comunidades mexicanas ante el avance del gas natural en Veracruz

LOS ARRECIFES, México — Cuando el sol se oculta y las nubes adquieren un matiz violáceo, Mauricio Contreras y su hija Eunices se preparan para pescar en Los Arrecifes, Veracruz. Eunices lanza la pesada red al agua mientras su padre navega por el Golfo de México, donde lleva más de 40 años dedicándose a la pesca. Sin embargo, su principal fuente de ingresos está amenazada por un ducto submarino que comenzó a operar el año pasado, diseñado para transportar gas natural desde Estados Unidos.

Contreras recuerda que las obras del gasoducto causaron estruendos por la detonación de explosivos, lo que afectó la pesca local. Ahora, su mayor temor es la posibilidad de una fuga, que podría representar un riesgo inminente para el sector pesquero. "Es un peligro constante que va a estar ahí", advierte.

El gasoducto, denominado Puerta al Sureste, fue desarrollado por la empresa canadiense TC Energy en colaboración con la CFE, la compañía estatal mexicana de electricidad. Este ducto se conecta con otro que ya unía el sur de Texas con Tuxpan, Veracruz, y se extiende otros 700 kilómetros por el fondo marino hasta Paraíso, Tabasco. Aunque ya está suministrando electricidad a la refinería Dos Bocas, su principal objetivo es llevar gas a la península de Yucatán mediante la expansión de otro ducto en construcción.

Este proyecto forma parte de una serie de iniciativas en México para aumentar la infraestructura destinada a importar más gas natural estadounidense. México, que se ha convertido en el mayor comprador de gas de EE.UU., busca satisfacer su demanda interna de electricidad y reexportar gas a mercados en Asia y Europa.

No obstante, la implementación de estos proyectos está encontrando creciente resistencia de las comunidades locales, desde Los Arrecifes hasta el Golfo de California, y enfrenta críticas de grupos ambientalistas que argumentan que la estrategia fomenta el uso de combustibles fósiles que contaminan el aire y socavan los compromisos climáticos de México.

Resistencia en Veracruz

Contreras destaca que la pesca es esencial para su comunidad, donde más de 40,000 personas dependen del mar. Él fue uno de los 15 habitantes de comunidades costeras que presentaron una demanda en junio del año pasado contra el gasoducto. Aunque la demanda fue inicialmente desestimada, sigue en litigio tras un recurso de queja. La demanda sostiene que las comunidades, en su mayoría indígenas nahuas y nuntajiiyi’, no fueron consultadas sobre el proyecto, como exige la Constitución mexicana.

Maribel Cervantes, otra firmante de la demanda, expresa su descontento: "Nunca se nos informó. Nunca se nos consultó y, por consiguiente, no sabemos las consecuencias que tiene". El gobierno, por su parte, ha argumentado que se trata de una obra de seguridad nacional, manteniendo en secreto gran parte de la información sobre el gasoducto, incluyendo su trazo exacto.

Durante una conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la llegada del gas natural a la zona. Greenpeace, al alertar sobre el impacto ambiental, afirmó que las obras de dragado podrían dañar arrecifes de aguas profundas, que albergan especies marinas únicas.

Pablo Ramírez, de Greenpeace, advierte que este tipo de infraestructura suele tener fugas de metano, afectando la química del agua y los ecosistemas cercanos. Los arrecifes de Veracruz son vitales para especies como las tortugas verdes y carey, que dependen de ellos para alimentarse y anidar en las playas locales.

TC Energy, en un video, afirmó que se tomaron medidas para conservar los ecosistemas marinos durante la construcción. La empresa, que no respondió a solicitudes de entrevista, indicó que el gasoducto generó 4,000 empleos y cumplió con los requisitos de la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente de México.

El impulso mexicano por el gas natural

La apuesta de México por el gas natural estadounidense comenzó hace más de diez años, impulsada por la reforma de 2013 que permitió la inversión privada en el sector energético. Víctor Ramírez, consultor en energía, explica que el objetivo es reducir el uso de combustibles más contaminantes y aprovechar los precios bajos del gas estadounidense.

La construcción del gasoducto podría permitir el transporte de más de 1,300 millones de pies cúbicos de gas al día, si se completan los planes gubernamentales. Además, se planea construir una planta de licuefacción en Salina Cruz, Oaxaca, para reexportar gas a Europa y Asia, un proceso que genera emisiones contaminantes.

El enfoque en el gas natural plantea riesgos para la soberanía energética de México, ya que más del 60% de la electricidad proviene de plantas que utilizan gas, del cual el 70% es importado de EE.UU. Un informe de Fitch señala que esta dependencia seguirá aumentando, lo que podría permitir a EE.UU. imponer condiciones a México.

En noviembre, México se comprometió a reducir sus emisiones de CO2 entre un 31 y un 37% para 2035, pero expertos como Ramírez de Greenpeace dudan que esto sea viable con la expansión de proyectos de gas. La administración de Sheinbaum heredó muchos de estos proyectos, pero también aprobó recientemente 20 iniciativas de energía renovable.

Desde su patio, Maribel Cervantes hace un llamado a las autoridades: "Como pueblos indígenas tenemos derecho a exigir que se respete nuestro derecho a la autonomía y a la libre determinación". Ella y su comunidad buscan ser escuchadas antes de que se aprueben más megaproyectos que amenacen su forma de vida.

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