Inhabilitaron por 11 años al juez Baltasar Garzón por escuchas ilegales en España
La condena fue apoyada de forma unánime por todos los miembros del Tribunal Supremo y supone la expulsión del magistrado de la carrera judicial.
10/02/2012 | 06:27Redacción Cadena 3
FOTO: Garzón había dicho antes de la condena que tenía la ''conciencia tranquila''.
El juez Baltasar Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que lo halló culpable de ordenar las escuchas telefónicas entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. El fallo fue aprobado por unanimidad.
La acusación, sustentada por el abogado Ignacio Peláez, quien representa al empresario vinculado a la trama, José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
La condena ha sido apoyada de forma unánime por todos los miembros del tribunal y supone la expulsión de Garzón de la carrera judicial.
El juez español Baltasar Garzón, juzgado en su país por investigar miles de desapariciones durante el franquismo, aseguró ayer haber cumplido con su "obligación" y tener la "conciencia tranquila".
Las demandas contra el magistrado parten de dos grupos ultraderechistas españoles que lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977.
A petición de familiares de víctimas de la represión franquista, entre 2006 y 2008 el juez recopiló documentación sobre más de 114.000 personas del bando republicano desaparecidas durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75) antes de abandonar el caso por oposición de la fiscalía.
"Sólo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas al derecho (...) para investigar los crímenes masivos de desapariciones de personas", afirmó el magistrado, mundialmente conocido por la detención de Augusto Pinochet en 1998 en Londres.
La defensa de Garzón y la fiscalía habían pedido nuevamente la absolución. "Sería patético y ridículo que mientras en Argentina tienen a una juez dedicada a investigar los crímenes del franquismo, aquí nos dediquemos a perseguir al juez que se hizo cargo de dichas denuncias", agregó recordando las diligencias iniciadas por la magistrada María Servini.
Durante dos semanas de juicio, una docena de familiares de represaliados por el franquismo llevaron ante el tribunal los escalofriantes testimonios de cómo sus padres y abuelos fueron detenidos, fusilados y tirados a fosas comunes.
Como todos los días desde que comenzó el proceso más de un centenar de personas se manifestaron a las puertas del Tribunal Supremo.
Con claveles rojos y una enorme pancarta con fotografías en blanco y negro de cientos de desaparecidos, gritaban "¡Hay que juzgar al franquismo criminal!".
"Queremos que de una vez por todas se haga justicia a estos miles de ciudadanos que defendieron la República y fueron torturados y fusilados y siguen tirados en las cunetas de toda España", afirma Francisco Román, de 77 años.
"No es muy lógico que en un sistema democrático, que hemos conseguido tras mucho luchar, se esté condenando a la persona que intenta sacar a la luz los crímenes del franquismo", estimó Beatriz Gómez, de 42 años.
Desde Ginebra, un grupo de expertos de la ONU sobre la independencia de los jueces también habían expresado su preocupación.
"Es lamentable que el juez Garzón pudiese ser castigado por haber abierto una investigación en línea con las obligaciones de España de investigar violaciones de derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional", dijeron la magistrada brasileña Gabriela Knaul y los cinco expertos de su grupo.
Sin embargo, para el abogado de la acusación en España, Joaquim Ruiz, Garzón actuó "de mala fe", "enjuiciando un movimiento, enjuiciando una época", la del franquismo.
